Congresista propone incorporar el delito de "terrorismo urbano" en Perú previo a la 'Toma de Lima'

Un congresista peruano presentó una propuesta para incorporar el delito de "terrorismo urbano" en el Código Penal, una acción que se sancionaría con al menos 25 años de cárcel. La iniciativa fue planteada a menos de dos semanas de que se realice la tercera 'Toma de Lima'.

El Proyecto de Ley N° 5525/2022-CR, consignado el miércoles por el parlamentario Juan Burgos (Avanza País - Partido de Integración Social), busca "reducir los índices de delincuencia y violencia, así como, garantizar la calidad de vida de los ciudadanos y la paz pública".

La fórmula legal pretende que toda persona que mantenga "un estado de inseguridad ciudadana en la población o una parte de ella a través de la delincuencia", sea "reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años".

"La pena será no menor de treinta años, si se usan armas, artefactos explosivos o se genera la muerte de una persona", se lee en el artículo dos del proyecto de ley.

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Reacción

Consultado por la prensa al respecto, el congresista Ilich López (Acción Popular) resaltó este viernes que "todos los peruanos tienen derecho a la protesta", al estar garantizado en la Constitución.

Empero "si fuera de esos parámetros se cometen actos de violencia o de terrorismo, podría tomarse de esa manera. De lo contrario, no", dijo.

La propuesta coincide con la convocatoria para el próximo 19 de julio de la tercera 'Toma de Lima', la movilización con la cual miles de personas, mayormente provenientes de las provincias, pedirán la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones generales.

Serias acusaciones

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, advirtió el miércoles que "la democracia está en riesgo en el Perú", producto de algunas acciones del órgano legislativo.

"Una parte del Congreso está atacando a la institucionalidad democrática desde hace tiempo", denunció Salas Arenas en una conferencia de prensa ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

Salas indicó que 21 congresistas han presentado cinco proyectos de ley para modificar las normas electorales y así cambiar la composición del Tribunal Constitucional, mientras que otros 31 legisladores plantearon seis iniciativas para que el JNE sea incluido entre las autoridades que pueden ser sometidas a juicio político en el pleno.

"Fuerzas retrógradas coparon el JNE, la ONPE [Oficina Nacional de Procesos Electorales], el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, para asegurar que sus criterios políticos fueran los prevalentes", sostuvo.

Igualmente, Salas Arenas anunció que acudirá a foros internacionales en respuesta, a lo que considera, un ataque a la institucionalidad peruana.

Amenazas de muerte

El titular del JNE fue amenazado el jueves en una manifestación de grupos ultraderechistas frente al local principal de la entidad en Lima, reportaron medios locales.

"No vamos a retroceder. Nuestra consigna es enviarle a la cárcel, a este prevaricador, a este fraudulento, o la muerte", enunció con megáfono en mano el líder del grupo radical 'Los Combatientes', Roger Ayachi.

Este tipo de organizaciones sostiene que Pedro Castillo ganó las elecciones presidenciales en 2021 a través de un fraude. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna evidencia y tanto la ONPE como el JNE certificaron el triunfo del profesor rural.

"Nosotros, lo que nos proponemos, lo conseguimos, y lo vamos a conseguir con el apoyo de Fiscalía, con el apoyo del Congreso", añadió Ayachi; quien está investigado por diversos delitos.

Repudio internacional

La Misión en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su "preocupación" por las amenazas de muerte en contra de Salas Arenas.

El organismo enfatizó que la JNE es una "institución clave para el Estado de derecho y la democracia en el país". Además, abogó por una "pronta investigación y sanción de estos actos".

"Condenamos la amenaza de muerte contra el presidente del JNE, realizada en la calle, abiertamente, por extremistas que parecen considerarse intocables", manifestó por su parte el director asociado para las Américas de la organización Human Rights Watch, César Muñoz.