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Denuncias de golpe, allanamientos e incertidumbre: ¿qué pasa con las elecciones en Guatemala?

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La tarde del jueves, la Corte de Constitucionalidad dio un nuevo cambio de timón con un amparo provisional que le permitirá al Movimiento Semilla desarrollar su campaña electoral.

El candidato opositor a la presidencia de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció que la decisión de un juzgado de suspender de manera inesperada e ilegal a su partido, Movimiento Semilla, forma parte de una estrategia golpista que busca afectar el sistema democrático del país.

"Este es un momento donde todos los sectores de la sociedad guatemalteca que queremos democracia, que queremos un Estado de derecho, que queremos un Estado digno, tenemos que converger, tenemos que unirnos, tenemos que reunirnos alrededor del rechazo de esta acción, que no es más que un golpe de Estado técnico", dijo este jueves en una entrevista con Noticiero Guatevisión.

Arévalo consideró que la sentencia contra su partido es "una acción desesperada de un grupo político criminal que se da cuenta que tiene los días contados, en términos del control sobre el poder político".

Las declaraciones del candidato progresista se enmarcan en el caos que predomina en Guatemala luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) validara, después de 18 días, los resultados de la primera vuelta electoral.

De esta manera, el organismo oficializó que Arévalo competirá en el balotaje previsto para el 20 de agosto contra Sandra Torres, la candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza, con lo que supuestamente terminaría la incertidumbre que ha rodeado al proceso electoral.

Sin embargo, de manera casi simultánea, el Juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla y la inhabilitación de sus candidatos por los presuntos delitos de falsificación de firmas y lavado de dinero.

El fallo provocó una inmediata controversia, ya que aparentemente viola las leyes electorales de Guatemala, las cuales impiden la suspensión de partidos mientras están en marcha los comicios.

Después del fallo, el TSE emitió un comunicado confirmando que Arévalo y Torres disputarán el balotaje, siguiendo "su compromiso inquebrantable de garantizar y defender el voto" frente a "cualquier intento de interferir" en las elecciones.

Fallo a favor

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional al partido Movimiento Semilla, suspendiendo así la resolución emitida por el Juez Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala.

En su dictamen, la CC establece que dicha normativa "no afecta ni deja en suspenso" la orden del TSE, "a efecto de que la segunda vuelta electoral se lleve a cabo en la fecha indicada y con la participación de los candidatos oficializados".

Sumado a esto, se dispuso la remisión del amparo a la Corte Suprema de Justicia para que prosiga con el trámite de la garantía constitucional.

Una medida que va en consonancia con lo esbozado este jueves por Ramiro Muñoz, jefe del Registro de Ciudadanos (RC) del TSE, durante una conferencia de prensa.

"Estamos con la firme certeza de que la segunda vuelta se va a llevar a cabo", enfatizó Muñoz minutos antes de que la CC emitiera su fallo.

Preocupación

La situación es tan grave que incluso Torres, la adversaria de Arévalo, criticó las medidas tomadas contra Movimiento Semilla.

"Expresamos nuestra preocupación por las acciones judiciales presentadas en las últimas horas en las que presuntamente estaría involucrado el partido político que alcanzó el segundo lugar", señaló en un comunicado.

También advirtió que estos hechos resultan "extremadamente confusos, desconcertantes y dañinos" para la transparencia de la democracia guatemalteca, por lo que hizo un llamado al TSE para que conduzca el proceso acorde con la Constitución.

Más tarde, Torres anunció que suspendía su campaña para solidarizarse con los ciudadanos que temen que su voto no sea respetado.

Como resultado de la suspensión de Movimiento Semilla, las autoridades realizaron esta mañana un polémico allanamiento en el TSE, mientras múltiples colectivos llamaban a marchar para defender la democracia.

La presidenta del Tribunal, Irma Palencia, denunció que el operativo representaba una invasión de carácter inaudito. "Estoy sorprendida y preocupada por los jueces, los directores y los trabajadores", afirmó.

Al mediodía, la agrupación Acción Ciudadana informó que presentaría una querella ante la Corte Suprema de Justicia contra la fiscal general, María Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y el juez Séptimo, Fredy Orellana, por varios delitos, al considerar que la persecución judicial que han puesto en marcha contra Arévalo pone en riesgo al sistema democrático.

Reacciones

La comunidad internacional también se hizo presente, ya que la misión de observación electoral de la Unión Europea celebró que se hayan confirmado los resultados de la primera vuelta, pero condenó las medidas contra el partido opositor.

"La iniciativa del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, promovida por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), de suspender provisionalmente la personalidad jurídica del Movimiento Semilla en pleno proceso electoral, amenaza a uno de los cimientos básicos de la democracia: el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas", expresó en un comunicado.

Además, exhortó al cese de la judicialización de las elecciones con "maniobras" que tienen "un dudoso encaje legal" en el ordenamiento jurídico guatemalteco, y a que los poderes públicos garanticen el libre ejercicio del voto.

La Internacional Progresista, por su parte, denunció que el fiscal Curruchiche lanzó una campaña selectiva de guerra legal, que amenaza con poner fin al régimen democrático en Guatemala.

"Estas tácticas de guerra legal ya se han desplegado en el transcurso de estas elecciones", advirtió en un pronunciamiento en el que llamó a todos los aliados de la democracia a defender el Estado de Derecho en Guatemala.

También manifestaron su preocupación el Gobierno de EE.UU., la embajada de la Unión Europea en Guatemala y observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el plano local, se pronunciaron organizaciones locales como la Conferencia Episcopal, las Cámaras de la Construcción y del Agro, la Asociación Guatemalteca de Exportadores, la Cámara de Medios de Comunicación, la Coalición de Organizaciones contra la Impunidad y la Corrupción, el Movimiento Cívico Nacional, el Consejo Nacional Empresarial y el Comité Campesino del Altiplano.

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