Federación Internacional de DDHH alerta que en Perú germina un proyecto "conservador y autoritario"

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) publicó este jueves un informe que ratifica la denuncia de "brutalidad represiva" en Perú durante las masivas manifestaciones contra Dina Boluarte. Y, además, alertó que el país andino se encamina "hacia un Estado autoritario".

Se trata de un documento, de 28 páginas, en el cual la FIDH "busca mostrar que la crisis política actual en el Perú obedece a un proyecto político e ideológico conservador y autoritario que ha ido desestabilizando indebidamente la institucionalidad estatal".

En ese sentido, criticó que durante el último año el Congreso de la República "ha acelerado su intención de cooptación de otros poderes del Estado y de revertir conquistas sociales y ciudadanas en el terreno de los derechos".

Como "momento clave de la actual crisis democrática", mencionó la elección de seis miembros del Tribunal Constitucional (TC) en mayo de 2022. "Fueron elegidos magistrados no solo conservadores, sino también con insuficientes credenciales académicas y jurídicas", consignó.

En un fallo reciente, referido por la FIDH, el TC dio la razón al Parlamento "en su intención de modificar el artículo 99 de la Constitución para permitir que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puedan ser acusados constitucionalmente".

"Con la amenaza de un juicio político el Congreso tendría una poderosa arma para incidir sobre la conducta de las autoridades electorales", deploró el movimiento mundial por los derechos humanos.

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De hecho, en la víspera, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió una investigación preliminar contra tres integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el presunto delito de patrocinio ilegal.

La JNJ, organismo que nombra, evalúa, destituye a jueces y fiscales, es designada en un proceso de selección encargado por la Defensoría del Pueblo; que ahora encabeza Josué Gutiérrez, nombrado por el Congreso en mayo pasado pese a no acreditar experiencia en derechos humanos.

"Existe un evidente proceso de captura de las instituciones democráticas en el Perú por parte de un Congreso autoritario, ultraconservador y antiderechos, ahora aliado con el Gobierno de Boluarte", fustigó la FIDH.

Represión "avalada"

Así como varias organizaciones internacionales, la FIDH reprobó el accionar policial y militar en el país andino. "La respuesta represiva a las movilizaciones sociales alcanzó niveles pocas veces vistos en la historia del país", apuntó en el documento.

"Al menos 20 casos de las personas fallecidas podrían categorizarse como ejecuciones extrajudiciales al haber sido causadas por armas pertenecientes a fuerzas armadas, las victimas estaban indefensas y el patrón lesional compromete disparos arriba del torso", dijo.

Sumado a esto, señaló que en ningún caso la Policía Nacional del Perú reportó el decomiso de armas de fuego en manos de protestantes.

Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, al menos 67 personas murieron en las movilizaciones contra Boluarte. De ese grupo, 49 perdieron la vida tras enfrentamientos con las fuerzas del orden.

"La brutalidad de la respuesta represiva ha sido ignorada y por el contrario avalada por autoridades en el poder", criticó la FIDH.