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La JEP podría citar a declarar a altos cargos del gobierno de Álvaro Uribe por 'falsos positivos'
La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia comunicó que podría convocar como testigo a Juan Manuel Santos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia informó este lunes que investigará la presunta responsabilidad de altos mandos militares y funcionarios del Estado no pertenecientes a la fuerza pública, en la sistematicidad y generalización de los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles a manos del Ejército y grupos paramilitares en el período 2005-2008.
"Vamos a poder utilizar el llamamiento como testigos, según el avance de la estrategia de investigación macrocriminal, utilizaremos la posibilidad de llamar como testigos a algunos funcionarios de la época del gobierno nacional, incluyendo exministros y altos funcionarios", afirmó el magistrado Óscar Parra.
Esta previsión incluye a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018), en virtud de que Santos ejerció como ministro de Defensa en el período bajo pesquisa.
"La JEP no tiene una competencia para juzgar a expresidentes de la República. Sin embargo, eso no obsta que según las necesidades y avances de la estrategia de investigación, se estime oportuno llamarles, si es el caso, como testigos", aclaró Parra.
Investigación por 'falsos positivos'
En rueda de prensa, el magistrado Parra explicó que en ese lapso se produjo "el pico más alto de crímenes registrado", "se tomaron decisiones de estrategia militar que habrían incidido en la dinámica de victimización" y, además, "con posterioridad a 2005 se habría consolidado el patrón criminal de asesinatos y desapariciones forzadas, motivados por la presión de resultados".
La JEP podrá convocar a diligencias de declaración jurada, en calidad de testigos, a aquellos agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública que hicieron parte del Gobierno Nacional y que hubieran podido tener acceso a información sobre la comisión de los crímenes.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 17, 2023
En su decir, "se trata identificar si hay –o no– bases suficientes para determinar que miembros de la fuerza pública en el nivel divisional y/o nacional tuvieron conocimiento de la sistematicidad y generalidad de los crímenes, si participaron de manera directa o indirecta, por acción u omisión, en las políticas o patrones de macrocriminalidad y/o si actuaron –o no– con la debida diligencia para detener oportunamente los crímenes, teniendo los medios para hacerlo".
Casos "representativos"
Parra recalcó que ante la imposibilidad de considerar exhaustivamente todos los crímenes conocidos como 'falsos positivos' –que según las estimaciones oficiales sumarían al menos 6.402 víctimas de asesinato o desaparición forzosa–, el organismo adoptó como método de trabajo la identificación de casos "representativos", en función de su gravedad, representatividad, características diferenciales de las víctimas y responsables, y disponibilidad probatoria.
A su turno, el magistrado Alejandro Ramelli, respondió: "este auto busca un equilibrio entre el poco tiempo que nos queda para lograr nuestro cometido constitucional y darle mejores respuestas posibles a las víctimas de los territorios que no fueron priorizados". pic.twitter.com/mhfZBWbfJU
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 17, 2023
Se trata, insistió, de "casos que permiten demostrar cómo los patrones macrocriminales se irradiaron por todo el país y atendieron a factores comunes del orden nacional".
En concreto, los "patrones macrocriminales" identificados en los seis subcasos priorizados por la JEP –Norte de Santander, Antioquia, Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila–, se utilizarán como modelo para determinar si "fueron replicados en otros territorios y respondieron a factores comunes de alcance nacional".
Denuncias en 7 departamentos
Al respecto, precisó, en esta nueva fase asociada al tercero de los seis casos del conflicto armado que adelanta la JEP desde hace un lustro, se investigarán denuncias formuladas por víctimas en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Sucre.
Según detalló, estas zonas se eligieron en interés de "ampliar la representatividad territorial" y determinar con pruebas si hubo sistematicidad y generalidad en los "patrones macrocriminales" que caracterizaron las ejecuciones extrajudiciales advertidas en otros procesos, en las que ha quedado demostrada la concusión de la fuerza pública con grupos paramilitares.
De acuerdo con la JEP, el proceso judicial 003 –'falsos positivos'– se ha traducido en la imputación por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 59 responsables directos del asesinato de civiles, a los que se les atribuyó falsamente la calificación de guerrilleros para obtener beneficios económicos y ascensos.
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