La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia declaró el río Cauca como víctima del conflicto armado interno, una decisión que, por primera vez en la historia del país latinoamericano, pone de relieve los daños provocados al medioambiente.
En un comunicado, el organismo precisó que, entre los años 2000 y 2004, el río fue utilizado como una fosa común para más de 1.000 víctimas de grupos paramilitares. Además, las organizaciones armadas contaminaban sistemáticamente el afluente con químicos derivados de la producción de sustancias ilícitas y con mercurio, usado en la minería ilegal, recoge la prensa local. Estas prácticas no solo afectaron a la vida de la población local, sino también a la naturaleza y a las demás especies.
La Sala de Reconocimiento de la JEP detalló que se trataba de "una conducta sistemática permitida por la fuerza pública, y realizada por grupos paramilitares, que consistió en asesinar personas y arrojarlas al río Cauca para que nunca pudieran ser encontradas".
La autoridad sostuvo que los milicianos utilizaban determinados puentes que atraviesan el cauce para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas, hasta el punto que acercarse a las orillas del afluente "era considerado peligroso, rompiéndose totalmente la relación con la comunidad".
Según las comunidades afrocolombianas de las zonas afectadas, los integrantes del extinto Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia arrojaron al Cauca más de 1.800 cadáveres.
Los informes citados por el magistrado Raúl Sánchez detallaron una serie de atrocidades cometidas por los grupos armados, incluyendo el abandono de cuerpos a la intemperie para que fueran destrozados por aves carroñeras. Otra de las barbaridades era que a las víctimas les abrían el vientre antes de lanzarlas al río para que se hundieran y jamás fueran encontradas.
Durante el proceso judicial, la JEP escuchó los testimonios de varios líderes de la extinta agrupación, quienes atestiguaron sobre las alianzas del Bloque Calima con miembros de la fuerza pública para desaparecer a sus víctimas.
"Había una coordinación con la Policía […], que sacáramos a la gente del pueblo y la tiráramos al río para desaparecerla y que no hubiera más demandas", confesó en su momento un excomandante citado por medios locales. Otro exparamilitar relató que, frecuentemente, recurrían a la desaparición de los cuerpos "para no subir mucho los índices de criminalidad en la zona".
El dictamen del juez sobre el río Cauca se produjo a raíz de una demanda presentada por varios Consejos Comunitarios del municipio de Buenos Aires, en el departamento de Cauca, que denunciaron, que tanto el afluente como los miembros de sus comunidades, fueron maltratados y victimizados por los paramilitares.