El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala volvió a frenar la presión judicial del Ministerio Público en contra del Movimiento Semilla y su candidato presidencial, Bernardo Arévalo, a un mes de que se realicen unas elecciones presidenciales que están cargadas de tensión e incertidumbre.
La Fiscalía general le exigió al Registro de Ciudadanos del TSE que informara, en un plazo máximo de dos horas, si había cumplido con la orden que el juez Freddy Orellana emitió el pasado jueves para suspender al Movimiento Semilla por supuestos actos de corrupción.
Ese día, Guatemala padeció una de las crisis políticas más graves de los últimos años, ya que Orellana, por pedido del fiscal Rafael Curruchiche, anunció la sanción contra el partido de izquierda.
Esto implicaba que Arévalo no podría participar en la segunda vuelta, prevista el 20 de agosto, contra Sandra Torres, abanderada del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y que su lugar sería ocupado por Manuel Conde, el candidato del partido del presidente Alejandro Giammattei, quien quedó en el tercer lugar en la primera vuelta que se celebró el pasado 25 de junio.
El repudio unánime de la comunidad internacional y las protestas en Guatemala evitaron lo que Arévalo y diversas personalidades calificaron como "un golpe de Estado técnico", ya que no respetaba el voto popular y afectaba al sistema democrático.
Sin embargo, las presiones de la Fiscalía continúan. En el documento enviado el martes al TSE, el Ministerio Público recordó que si se concretaba la suspensión del Movimiento Semilla, el partido ya no podría realizar ningún acto político ni sus candidatos podrían ganar cargos de elección popular.
Respuesta y dudas
El TSE cumplió con el breve plazo que le dio la Fiscalía para responder. En menos de dos horas, le envió un oficio en el que explicó que la sanción contra el partido de Arévalo no se hizo efectiva porque la Corte de Constitucionalidad emitió un amparo que protegió sus derechos políticos.
"En el presente caso concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección interna (a fin de) garantizar la segunda vuelta del proceso electoral y que la alternabilidad en el ejercicio del poder se lleve a cabo en la fecha prevista", señaló el escrito en el que reiteró que el fallo de la Corte de Constitucionalidad debe respetarse.
Pero la Fiscalía sigue presionando por otros medios, por ejemplo, contra los funcionarios que se resistieron a cancelar al Movimiento Semilla.
Uno de ellos es el Registrador de Ciudadanos del TSE, Ramiro Muñoz, ya que el juez Orellana inició una investigación con el fin de retirarle la inmunidad judicial de la que goza debido a su cargo, para poder acusarlo por desobedecer la sanción al partido opositor.
Desde que comenzó la persecución contra Movimiento Semilla, Muñoz explicó en reiteradas ocasiones que no se le podía suspender porque la Constitución impide este tipo de medidas contra cualquier fuerza política cuando está en marcha un proceso electoral.
El sábado, luego del vendaval político que se vivió la semana pasada, el funcionario solicitó de manera inesperada un repentino permiso vacacional, a pesar de que solo falta un mes para la segunda vuelta.
Aunque Muñoz adujo "motivos familiares", de inmediato estallaron rumores de que podría ser víctima de amenazas o presiones, lo que fue desmentido por los magistrados del Tribunal.
Lo que sí se confirmó es que el funcionario salió del país con destino desconocido y no se sabe cuándo volverá. Mientras tanto, las campañas de Arévalo y de Torres avanzan bajo la sombra del acoso judicial del fiscal Curruchiche y el juez Orellana.