El Gobierno de Guatemala condenó la publicación de una lista elaborada por el Departamento de Estado de EE.UU. en la que acusa de "corrupción significativa" a una decena de funcionarios de este país, entre ellos al juez Freddy Orellana, quien trató de suspender al partido de izquierda Movimiento Semilla en medio del proceso electoral.
La Lista Engel, que es llamada así porque fue una iniciativa del excongresista demócrata Eliot Engel, comenzó a elaborarse anualmente desde 2021 para denunciar y sancionar a funcionarios centroamericanos.
En su tercera edición, que fue dada a conocer el miércoles, el documento incluyó a 39 personajes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Los señalados en el caso de Guatemala son la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso Gómez; el expresidente del administrador del mercado mayorista de energía, Edgar Humberto Navarro Castro; el extitular del Ministerio de Gobernación, Gendri Rocael Reyes Mazariegos; y el líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Joviel Acevedo Ayala.
A ellos se suman el relator guatemalteco contra la tortura, Lesther Castellanos Rodas; el presidente del Instituto Nacional de Electrificación, Melvin Quijivix Vega; el presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional Portuaria, Omar Ricardo Barrios Osorio; y el rector de la Universidad San Carlos Walter, Ramiro Mazariegos Biolis.
Pero el nombre que más destacó en esta ocasión fue el de Orellana, ya que es el juez que la semana pasada desató una de las crisis políticas más graves de los últimos años en Guatemala, al anunciar la suspensión del Movimiento Semilla.
Reacción
En respuesta, el Gobierno de Guatemala rechazó "la subjetividad" de la Lista Engel, ya que consideró que las personas son incluidas a través de juicios de valor y sin garantía de legítima defensa a través del debido proceso judicial, lo que viola el principio universal de presunción de inocencia.
"(El Gobierno) condena estas acciones que constituyen una clara violación a los derechos fundamentales de las personas señaladas, además de considerarla una herramienta política en contra de operadores de justicia que no responden a intereses de una agenda ideológica propia que se quiere imponer en nuestro país, por lo que exige respeto a la independencia de los poderes del Estado y, sobre todo, a la soberanía de la nación", demandó en un comunicado.
También consideró que es una herramienta "deleznable" que utiliza EE.UU. para imponer su jurisdicción a personas en el extranjero, lo que perjudica los derechos humanos de las personas señaladas.
"Reiteramos que esta lista no puede ser considerada como un instrumento vinculante bajo ninguna circunstancia en la legislación guatemalteca, por derivarse de acusaciones mediáticas infundadas", señaló.
Además, reiteró su compromiso para defender la soberanía "ante la injerencia externa en asuntos internos y la utilización de herramientas políticas abusivas en contra de los guatemaltecos".
Tensión
El fallo firmado la semana pasada por Orellana implicaba que el candidato presidencial Bernardo Arévalo no podría participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevará a cabo el próximo 20 de agosto y en la que se enfrentará a Sandra Torres, abanderada del partido Unidad Nacional por la Esperanza.
Sin embargo, la suspensión fue revocada por la Corte de Constitucionalidad, lo que permitió que el proceso electoral avanzara, aun en medio de un clima de tensión e incertidumbre.
En sus ediciones anteriores, la Lista Engel ya había incluido a la fiscal general María Consuelo Porras Argueta y al fiscal Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, quienes organizaron la denuncia contra el Movimiento Semilla que fue aceptada por el juez que hoy es incorporado al bloque de funcionarios a los que EE.UU. señala por corrupción.
La acusación ensombrece todavía más la actuación de los fiscales y del magistrado en un momento en el que continúan presionando para sancionar al partido de izquierdas a través de maniobras judiciales que Arévalo, personalidades guatemaltecas y gran parte de la comunidad internacional consideran que atentan contra la democracia.