La Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General y autoridades de Migración aseguraron 29 inmuebles utilizados por bandas del crimen organizado para captar mujeres, entre ellas varias menores de entre 10 y 17 años, y obligarlas a prostituirse.
De acuerdo a la Fiscalía, la mayoría de las "víctimas eran ciudadanas venezolanas, quienes eran sometidas a sostener relaciones sexuales con hombres y mujeres, a soportar extensas jornadas de trabajo y consumir sustancias alucinógenas".
Según detalló el organismo, las bandas criminales reclutaban a las víctimas en Venezuela ofreciéndoles oportunidades laborales en Colombia y, una vez llegaban al país, las obligaban a prostituirse para pagar los "gastos de traslado".
Los bienes incautados se ubican en los departamentos de Atlántico, Antioquia, Guaviare y en la ciudad de Bogotá. El valor de las propiedades fue calculado en más de 3,9 millones de dólares.
Entre el 2020 y el 2023 las autoridades han capturado a 169 personas acusadas de trata de persona, han interpuesto 188 imputaciones por este delito y se han alcanzado 62 condenas.