El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió este martes a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma con el que busca sancionar con hasta 30 años de cárcel a quienes utilicen drones con fines delictivos, informa El Universal.
La iniciativa, presentada ante la Comisión Permanente del Congreso, pretende modificar las disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, e incluye agravantes a delitos cometidos contra personas o bienes mediante el uso de esos aparatos identificados como "aeronaves pilotadas a distancia".
El proyecto sostiene que los drones utilizados por la delincuencia en contra de la población, de bienes o servicios, están causando alarma y terror entre la ciudadanía y atentan contra la seguridad nacional.
De acuerdo al texto propuesto por el Ejecutivo, será castigado con penas de 10 a 20 años de cárcel quien mediante drones arroje cualquier artefacto explosivo improvisado o armas, así como sustancias químicas sobre personas o bienes.
Entre tanto, cuando la persona afectada pertenezca a las Fuerzas Armadas o sea parte de la seguridad pública, la pena aumentará hasta 30 años de prisión. Además, en caso de que el delito sea cometido por una un servidor público de algún cuerpo policial, además de las penas señaladas y la destitución del puesto, será inhabilitado por 10 años.
La presentación del proyecto fue acompañada por imágenes que dan cuenta de la utilización de estos aparatos por parte de la delincuencia organizada en México.
Antecedentes que preocupan
En enero de este año, células del Cártel Jalisco Nueva Generación utilizaron drones con explosivos durante enfrentamientos con una comunidad mexicana en el municipio de Tepalcatepec, en el estado de Michoacán.
Sin embargo, este tipo de hechos se registran en el país desde 2018, cuando un dron cayó en la propiedad del titular de Seguridad Pública Estatal del estado de Baja California, Gerardo Sosa Olachea, en el municipio de Tecate, con dos granadas de fragmentación desactivadas.