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Venezuela gana juicio en Portugal y Novo Banco tendrá que liberar 1.500 millones de dólares congelados

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El ente financiero está obligado a entregar al Estado venezolano "el pago del saldo final a la fecha de cancelación de los contratos y de los intereses de demora".

El Gobierno de Venezuela ganó la demanda interpuesta ante el Tribunal Judicial del Distrito de Lisboa contra el banco portugués Novo Banco para la devolución de 1.352.739.694,68 euros –unos 1.500 millones de dólares– pertenecientes a varias entidades públicas, informó el canciller Yván Gil. 

Según se lee en la sentencia publicada este miércoles, el ente financiero está obligado a entregar al Estado venezolano "el pago del saldo final a la fecha de cancelación de los contratos y de los intereses de demora".

"Esto es el resultado de un largo trabajo y sobre todo de la resistencia del pueblo venezolano y el Gobierno de Nicolás Maduro, que no se dejan doblegar por amenazas del imperialismo y del entreguismo golpista", detalló Gil. 

¿Por qué los fondos estaban congelados?

Los recursos permanecían retenidos desde 2019, cuando Portugal desconoció a las autoridades venezolanas en favor del pretendido gobierno interino de Juan Guaidó y, desde entonces, ha sido motivo de fricción entre Caracas y Lisboa.

En el fallo se indica que "a principios de 2019, Novo Banco se negó a ejecutar varias órdenes de transferencia que fueron transmitidas por los demandantes –las precitadas entidades públicas venezolanas– alegando la situación política en Venezuela y la aplicación de sanciones internacionales a entidades públicas venezolanas" por parte del Gobierno de EE.UU.

A esto se refirió directamente el presidente Nicolás Maduro en una alocución transmitida en marzo de ese año, en la que demandó el reintegro de los 1.726 millones de dólares depositados en la entidad portuguesa, pues su administración los requería para adquirir alimentos y medicinas. "¿Por qué nos quitan ese dinero? Es nuestro", cuestionó el mandatario.

Compra de vacunas

De su lado, la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció en 2021 que Portugal impidió al Novo Banco procesar las transferencias del Estado venezolano destinadas a comprar vacunas contra el covid-19 a través de la Organización Panamericana de la Salud.

Entonces, refirió, la entidad respondió a Venezuela: "De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y, con la instrucción recibida de las autoridades portuguesas, no podemos satisfacer su solicitud de liberación de los fondos".

"Ellos se ufanan –la Europa culta y civilizada– de hablar de crisis humanitaria, que hay que atender la crisis humanitaria en Venezuela, pero cuando se trata realmente que Venezuela acceda a su patrimonio, a su dinero, para atender la pandemia, la respuesta es 'no'", criticó la funcionaria.

Batalla en los tribunales

Como lo hizo en el caso de las 31 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, Venezuela optó por acudir a los tribunales locales para intentar recuperar los dineros públicos confiscados en el Novo Banco.

De acuerdo al dictamen judicial de este miércoles, el organismo se escudó en "dudas" acerca de la legitimidad de los representantes de las entidades demandantes, para no devolver lo depositado.

Empero, la sentencia favorable obtenida en Lisboa constituye una excepción frente a lo que ha estado pasando con los activos de Venezuela depositados o registrados en EE.UU. y en algunos países de Europa occidental.

En junio pasado, el Tribunal de Apelaciones de Londres desestimó las alegaciones venezolanas, basadas en la declaratoria de nulidad de la directiva del Banco Central de Venezuela designada por Juan Guaidó, para impedirle acceder a sus reservas de oro.

Asimismo, una corte del Distrito de Delaware en EE.UU. autorizó el remate de Citgo Petroleum, considerado el activo venezolano más valioso fuera de sus fronteras, para honrar presuntas deudas no reconocidas por Caracas.

Según denunciara el presidente de la Asamblea Nacional del país suramericano, Jorge Rodríguez, la refinadora con sede en Houston, estaría en la mira de Delek Holdings, una firma israelí-estadounidense cuyo gerente general está relacionado con Guaidó.

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