El Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 en México denunció que no ha podido llevar a cabo su trabajo, debido a las dificultades impuestas por dependencias militares y civiles para conocer los archivos oficiales.
"(Hemos) experimentado serias dificultades para el acceso a la consulta irrestricta de documentación histórica proveniente de agencias encargadas de labores de seguridad, inteligencia, de las fuerzas armadas y de las policías", denunció la organización en un comunicado difundido esta semana.
En particular, se refirió a las negativas del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), actualmente conocido como Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que tiene material crucial para indagar sobre las violaciones cometidas en ese periodo.
El MEH fue creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a fines de 2021, con el compromiso de que este grupo de trabajo tendría un completo acceso a los archivos de los servicios de inteligencia, lo que no ha ocurrido por los presuntos incumplimientos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y el CNI.
Por ello, los comisionados exigieron que se cumplan la palabra presidencial y que los organismos responsables abran los documentos faltantes de la Dirección Federal de Seguridad en el periodo que va de 1947 a 1985; de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (1985-1989) y los del CISEN (1989-1993).
"Hacemos un llamado a que las autoridades competentes atiendan la orden del Presidente de la República, que declaró que corresponde a su gobierno, y al Estado mexicano permitir que se tenga acceso a todos los archivos de todas las dependencias, sin ningún límite, y también el que no haya obstáculos y que no haya impunidad para nadie", señaló el comunicado.
Sin justicia
Hasta el momento, señalaron, el único expediente de CNI disponible para su consulta en el Archivo General de la Nación es el relativo al homicidio del periodista Manuel Buendía, ocurrido en 1984.
"Los archivos son fundamentales para la investigación de ese pasado en el que están las claves que nos permiten entender y reinterpretar las violencias del presente. Sin acceso a archivos no hay verdad", afirmaron.
El caso es similar al del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que el mes pasado culminó sus trabajos sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa con una fuerte denuncia sobre la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas para acceder a sus archivos, a pesar de que fue una orden del presidente.
Con respecto a la 'guerra sucia', se trata de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos desde 1965 hasta 1990, y que permanecen impunes.
Durante ese periodo, activistas opositores, miembros de organizaciones estudiantiles, movimientos sociales y campesinos y grupos guerrilleros sufrieron una política represiva basada en seguimientos, detenciones ilegales, secuestros, torturas y desapariciones. Hasta hoy se desconoce con precisión el número de víctimas.