La Cámara Federal de la provincia de Buenos Aires autorizó la confiscación del celular del diputado Gerardo Milman (Juntos por el Cambio, macrismo) como parte de la investigación por el intento de asesinato perpetrado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022.
El fallo contempla el análisis del teléfono móvil del parlamentario, dentro del período que va del 1 de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023, recoge Télam. Se detalla que solo se indagará el "contenido relevante" relacionado con la causa.
"Ya hemos mencionado la importancia institucional del ataque a la vicepresidenta de la nación. Es nuestro deber jurisdiccional aclarar cualquier incertidumbre relacionada con los indicios presentes en el expediente. Esta es la vía adecuada para responder a la víctima, la sociedad y al propio diputado, quien tiene el derecho de que se aclare con certeza cualquier suposición sobre sus declaraciones y cualquier posible participación en el evento", se lee en el fallo judicial firmado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, referido en la prensa local.
En la misma línea, Bruglia y Bertuzzi argumentaron que "el secuestro del celular del diputado Milman está debidamente justificado en los argumentos presentados por el Ministerio Público Fiscal, lo que hace admisible dicha medida en línea con la hipótesis delictiva investigada. Independientemente de los resultados obtenidos hasta ahora, es esencial, para agotar esta línea investigativa, descartar cualquier mínima duda al respecto".
Paso atrás
Esta decisión toma en consideración las alegaciones de la defensa de Fernández de Kirchner, que había solicitado a la jueza María Eugenia Capuchetti la investigación de las posibles motivaciones políticas tras el ataque, en las que Milman figuraba como principal sospechoso.
La hipótesis fue previamente rechazada en favor de una clausura parcial de la causa y el envío a juicio oral de Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, miembros de la banda 'Los Copitos', a la que se señala de haber tramado el plan magnicida.
El cambio de postura fue impulsado por el fiscal Carlos Rívolo, luego de recibir una declaración de una asesora del diputado de Juntos por el Cambio en la que le relató cómo se modificaron los registros de su equipo telefónico y avanzó que el aparato del legislador podría haber sido manipulado de la misma manera.
Sobre este base, la oficina de Rívolo demandó el análisis del celular de Milman, sobre quien no pesaba ninguna acusación formal. Empero, el legislador optó por comparecer en compañía de un abogado defensor, solicitó que no se le incautara su teléfono personal y cuestionó la medida, a la que calificó como "una excursión de pesca".
"Dada la declaración y considerando la sospecha de que el diputado nacional Milman podría haber convocado a sus colaboradoras con el propósito de eliminar o intentar eliminar información relevante para la investigación, se determinó proceder al secuestro" de su teléfono móvil, argumentó por su lado la Fiscalía.
De acuerdo con la legislación del país suramericano, si el parlamentario se niega a entregar su aparato, entonces la Cámara de Diputados —donde el gobernante Frente de Todos dispone de una estrecha mayoría— tendrá que iniciar un proceso de desafuero en contra de Milman que le obligue a consignar sus comunicaciones telefónicas ante la justicia.
La pista Casablanca
Previamente, Jorge Abello, asesor legislativo del diputado Marcos Cleri (Frente de Todos, gobierno), testificó en tribunales que la tarde del 30 de agosto de 2022 escuchó a Milman decirle a un tercero: "cuando la maten, yo estoy camino a la costa". La conversación habría tenido lugar en el restaurante Casablanca, ubicado en las proximidades del Congreso, mientras el parlamentario estaba acompañado de dos mujeres.
A partir de este testimonio, Capuchetti y Rívolo revisaron las cámaras de seguridad del establecimiento y comprobaron que Milman y dos asesoras, identificadas como Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, efectivamente se encontraban en el sitio y a la hora señalada por Abello. Cuando se inquirió a Bohdziewicz y Gómez, ellas negaron las declaraciones de su jefe.
Frente a estos indicios, la defensa de la vicepresidenta solicitó a la jueza la incautación de los teléfonos celulares de las mujeres. En principio, la jueza negó el pedido, alegando que no había fundamentos para ello, aunque el pasado 1 de diciembre, la Cámara Federal le ordenó a ambas entregar sus teléfonos y claves.
Así, Gomez Mónaco declaró que había cambiado de aparato, pero que el antiguo estaba en posesión de su hermana y se comprometió a entregarlo, al tiempo que Bohdziewicz admitió que no solo se había deshecho de su celular sino que borró los mensajes y fotografías porque, aseguró, tenía miedo de que se filtraran asuntos de su vida personal.
"Invasión a la privacidad"
Por su lado, el juez Mariano Llorens —quien se opuso a la medida de secuestro del celular de Milman— señaló que, a la fecha, los peritajes realizados sobre los móviles de Bohdzewicz y Gómez Mónaco no han arrojado información relevante para el caso y, en ese orden indicó que cabría "preguntarse cuál sería el fundamento como para continuar por esa misma senda".
"No pierdo de vista la gravedad del delito investigado, y sus consecuencias institucionales, como muchas veces hemos destacado desde esta Sala. Pero ello, no puede —por sí solo— justificar una invasión a la privacidad que carece de apoyo probatorio y solo encuentra respaldo en una hipótesis que carece de sustento formal", añadió.
Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!