La Fiscalía General de Colombia informó que imputará a más de 50 personas por la trama de corrupción estatal, en la que se investigan sobornos de la constructora brasileña Odebrecht que habrían sido utilizados para financiar campañas presidenciales, a cambio de contratos multimillonarios para obras de gran magnitud.
En un primer comunicado de prensa, la Fiscalía colombiana detalló 33 nombres, entre funcionarios activos y retirados de la estatal Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), de los acusados señalados de haber cometido "supuestas irregularidades en la contratación pública celebrada por Odebrecht en Colombia" entre 2009 y 2016.
Luego, en un segundo despacho, la institución detalló que fueron citadas "22 personas más por ser presuntamente intervinientes en los hechos de corrupción". En esa lista están exdirectivos de Odebrecht, "lobistas, contratistas y particulares".
Entre los exfuncionarios citados están el expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade Moreno, quien será vinculado como "presunto coautor de delito de interés indebido en la celebración de contratos", al igual que el resto de los presuntos involucrados, aunque cada uno de recibirá imputaciones "de acuerdo con su presunta responsabilidad en los actos irregulares" de cada caso.
La institución indicó que tiene "suficiente material probatorio y evidencia física" que demostraría que las primeras 33 personas señaladas habrían intervenido en seis momentos distintos para concretar la concesión de la obra 'Ruta del Sol II' y 'Ruta del Sol II SAS' y favorecer a la contratista brasileña.
"Los investigados ocupaban en la ANI, entre otros cargos, la presidencia, distintas vicepresidencias, gerencias, comités, y tenían roles de asesor y contratistas", detalló la Fiscalía, reseñando que los involucrados participaban "en las distintas etapas del estudio de conveniencia, estructuración, presentación, aprobación en comités y firma de los otrosíes objeto de investigación".
Los otros 22 acusados
En la otra lista, de 22 personas, están solicitados varios directivos de la multinacional Odebrecht, "como presuntos determinadores y articuladores de la apropiación ilegal de recursos públicos".
Entre los citados están el presidente de Odebrecht entre 2008-2015, Marcelo Odebrecht; el presidente de la Concesión Ruta del Sol II en 2010, Eder Paolo Ferracutti; entre otros 10 gerentes de la compañía brasileña. Todos acusados por concierto para delinquir y lavado de activos.
Además, se les formularán cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento privado, a los contratistas Wilson Ruiz Tello y Carlos Emilio Abuabara Vega, que representaron legalmente a la empresa Midas S.A.S.
Otro acusado es el exalcalde del municipio Gamarra del departamento de Cesar, Gabriel Alberto Giraldo Escudero, y su hermano Jaime Eli, por intervenir en la Compañía Midas S.A.S, para el pago de sobornos.
De igual forma, los socios propietarios de Midas S.A.S. Lina María Bermúdez Aljuri y Diego Mantilla Velásquez, serán enjuiciados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, debido a que "habrían permitido usar su empresa para entregar dinero a terceros por disposición de los directivos de Odebrecht".
Otro procesado es Luis Bernardo Villegas Giraldo, por presuntamente realizar cabildeo ante funcionarios de la ANI. Este implicado habría cobrado fondos ilegales a través de tres empresas: una a nombre de su esposa Carolina de Nubila, otra de su hijo Andrés Felipe Villegas Aguirre, y la tercera, de Hugo Alejandro Buitrago Beltrán. A todos se les imputa lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
Petro: "La Fiscalía les permitió irse"
El presidente colombiano, Gustavo Petro, durante el Primer Congreso Internacional de la Lucha Anticorrupción realizada en Bogotá, habló del escándalo de Odebrecht y responsabilizó a la Fiscalía, manejada cuando se conoció la trama por Néstor Humberto Martínez, de haber permitido que los responsables se fugaran con total impunidad.
"El señor Odebrecht no le ha pagado un peso de las multas impuestas a Colombia, ni un peso, ni un dólar (...) de eso aquí no ha llegado un peso, ¿por qué? No porque hayan sido muy astutos (...) no fue porque se escaparon a tiempo, no, es porque la misma Fiscalía les permitió irse", señaló Petro.
"Se sabía que si se iban a Brasil no habrían los acuerdos de cooperación que se necesitaban en el momento y entonces no eran extraditables, podían fácilmente no pagar los requerimientos de la Justicia colombiana, y sobre todo, no se necesitaba que hablaran; ellos no hablaron sino lo necesario", agregó.
El pasado fin de semana, Petro también se refirió al caso y dijo que la red de corrupción tenía un agravante: "Un fiscal general de la nación que fue el abogado de la red previamente y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares".
"Esa relación incestuosa entre el fiscal general Néstor Humberto Martínez y el grupo Aval impidió una juicio transparente en el caso y el descubrimiento de los sobornados que hoy por hoy son altos dirigentes políticos", añadió.
Petro agregó que esa "impunidad pesa sobre la presión que hoy se ejerce para impedir que la actual Corte Suprema de Justicia designe nuevo fiscal de la terna enviada por el presidente tal como ordena la Constitución Nacional".
¿Cómo actuaba la red de corrupción?
Según la Fiscalía, "el actuar colectivo de estas personas favoreció notoriamente" a Odebrecht, "con modificaciones a la forma de pago original, aplazamiento injustificado para el inicio de obras en algunos tramos, ajustes al cronograma de obra, entre otras irregularidades".
La institución señaló que los directivos de Odebrecht crearon "una empresa criminal para entregar más de 80.000 millones de pesos en sobornos en Colombia", lo que es igual a más de 19,3 millones de dólares.
"La empresa habría creado un Departamento de Operaciones Estructuradas, desde donde se pagaron dádivas para la consecución de megacontratos, modificaciones a las cláusulas contractuales, intervención de subcontratistas y la desviación de presupuestos públicos", explicó el organismo.
Según la investigación, en Colombia, la directiva de Odebrecht entregó sobornos "con la ayuda de altos funcionarios del gobierno como ministros y directores de institutos; congresistas, funcionarios públicos de distintos niveles, lobistas, contratistas y particulares, quienes realizaron actuaciones ilegales que favorecieron a la multinacional brasileña".
La empresa tenía un "entramado delincuencial" que incluía tres fases: conseguir los megacontratos; modificar el objeto del contrato; ycancelar dádivas que eran pagadas a través de empresas 'offshore' ubicadas en el extranjero y en paraísos fiscales con fondos que pagaban empresas identificadas como Klienfield Services Limited e Intercorp Logistics Ltda.
Los fondos irregulares
Según la Fiscalía, solo en el caso de la Ruta del Sol II, Odebrecht pagó sobornos por más de 79.000 millones de pesos. Además, consiguió "beneficios tributarios" por encima de los 145.000 millones de pesos (más de 35 millones de dólares) y "beneficios contractuales por conceptos de Otrosíes" que superan los 190.000 millones de pesos, unos 46 millones de dólares.
Según la indagatoria, la empresa brasileña también financió las campañas presidenciales del expresidente Juan Manuel Santos, por 3.540 millones de pesos (más de 855.000 dólares); y del candidato Oscar Iván Zuluaga, por 3.045 millones de pesos (735.000 dólares).
En respuesta, Santos publicó en su cuenta de X –antes conocida como Twitter– que de ser confirmada "la falacia" del "supuesto soborno" que habría recibido, se encargará de demostrar que la acusación es "una calumnia temeraria, infame y contraevidente".
Además, por el expediente 'Tunjuelo-Canoas', generó manejos ilícitos por más de 91.000 millones de pesos (casi 2,2 millones de dólares); y por el caso Navelena ejecutó sobornos por de 900 millones (unos 217.0000 dólares).
Con todos estos pagos corruptos Odebrecht provocó daños a Colombia por unos 514.000 millones de pesos (más de 124 millones de dólares), de los se han logrado recuperar más de 19.000 millones de pesos (unos 4,6 millones de dólares). "Odebrecht le debe al Estado más de 494.000 millones de pesos (más de 119 millones de dólares) producto de actividades ilegales", detalló el ente acusador.
Por el escándalo Odebrecht, la Fiscalía ha realizado otras 20 imputaciones y ha logrado 11 condenas por actos de corrupción entre 2020 y 2023. Gabriel Jaimes, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, dijo al medio local Blu Radio que se puede decir que el caso "está esclarecido, pero no cerrado ni concluido", por lo que es posible que en el futuro hayan más imputaciones.
La defensa de Odebrecht responde
A través de un comunicado difundido este viernes por la prensa colombiana, la defensa de Odebrecht indicó que las nuevas imputaciones significan para ellos "un mensaje" para que dejen de colaborar "con la Justicia colombiana".
"La decisión del ente acusador de imputar cargos penales, incluso a quienes previamente otorgó un principio de oportunidad, es una determinación que, a nuestro juicio y el de nuestros representados, se traduce en un mensaje para que cesen las colaboraciones con la Justicia colombiana, y por esa vía se impida al país el conocimiento pleno de la verdad", dice el documento firmado por los apoderados de la empresa, Vicente Gaviria y Jaime Granados.
La compañía afirma que desde 2016 ha colaborado con la Justicia, al aportar pruebas, testimonios, e incluso el pago de "una multimillonaria indemnización al Estado colombiano". Sin embargo aseguran que seguirán colaborando.
"El componente corporativo de Odebrecht y sus antiguos funcionarios", ratifican "su voluntad inequívoca de seguir colaborando con el establecimiento de la verdad de los hechos". Además, agregan que facilitarán "el accionar de la Justicia" y "la reparación de los perjuicios generados a través del mecanismo de justicia restaurativa".
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