Justo después de ser elegida presidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados de España, la diputada socialista Francina Armengol anunció durante su discurso de apertura de la legislatura que "permitirá" el uso de catalán, euskera y gallego en el Hemiciclo.
Se trata de una reivindicación histórica de los grupos parlamentarios progresistas y de aquellos provenientes de regiones en las que, además del castellano, hay otra lengua oficial: Galicia, País Vasco, Cataluña y Valencia.
Si bien no hay nada en el reglamento de la Cámara baja española que lo impida, puesto que no se hace mención alguna a los idiomas que deben emplearse en el Hemiciclo ni en la tramitación de los asuntos legislativos, era una posibilidad que hasta ahora había contado con el veto de la Presidencia de la Mesa, que tan solo había permitido citas en cualquiera de esas tres lenguas, pero no intervenciones íntegras.
"Quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego y la riqueza lingüística que suponen, y quiero anunciarles que esta Presidencia permitirá la utilización de todos estos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva", fueron las palabras de Armengol.
Dudas legales
La nueva medida ha aflorado ciertas dudas legales de quienes se cuestionan si es necesario una modificación del reglamento para llevarla a cabo. No existe ninguna restricción o prohibición en la normativa actual, tampoco en la Constitución, por lo que se interpreta que su uso depende en buena medida de la voluntad política que exprese el órgano que rige el funcionamiento del Congreso.
Sin embargo, existe un precedente muy cercano: el Senado. La Cámara alta, que a pesar de las críticas hacia su funcionamiento pretende erigirse en una especie de representación territorial del país, es parcialmente plurilingüe desde hace casi 20 años.
Allí la introducción del resto de las lenguas ha sido paulatina, a través de varias modificaciones de su reglamento. En la actualidad se permite su uso en la primera intervención del Presidente del Senado ante el Pleno, en las intervenciones en las sesiones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en el debate de mociones, en la publicación de iniciativas, en la presentación de escritos en el Registro de la Cámara por parte de los senadores, así como en los escritos que los ciudadanos y las instituciones dirijan al órgano.
Dudas técnicas
La implementación de la medida "desde la sesión constitutiva" celebrada ayer, según anunció Armengol, trae una interrogante de índole técnico: si será posible atender a la traducción de escritos y la interpretación simultánea de las intervenciones de los parlamentarios.
En el caso del Senado, se cuenta con una bolsa de siete personas que se encargan de esas labores. Su presupuesto anual asciende a 350.000 euros.
Además, están dispuestos equipos de traducción con auriculares para que los diputados puedan seguir las intervenciones. Los 400 adquiridos por el Senado en 2011 tuvieron un coste de poco más de 4.500 euros.
Elección clave para desbloquear la legislatura
La elección por parte del Partido Socialista de Armengol como candidata a presidir la Mesa del Congreso ha sido clave para comenzar con el desbloqueo de la legislatura, después de unos comicios que arrojaron un inesperado empate técnico entre los bloques de derecha e izquierda.
La diputada socialista, de 52 años, fue presidenta de las Islas Baleares durante ocho años, durante los cuales gobernó con otras fuerzas, incluidas las nacionalistas, y mantuvo cordiales relaciones con sus homólogos en Cataluña, los partidos independentistas Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Con su designación, los socialistas consiguieron atraer el voto no solo de Junts y ERC, sino también de otras fuerzas, como las vascas del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y EH Bildu, gracias a un perfil que quiere destacar su compromiso con la pluralidad y la diversidad: "Se trata de sumar. De practicar el diálogo. De hablar, falar, hitz egin, de parlar. Y de hacerlo para avanzar. Porque España siempre avanza cuando se reconoce en su pluralidad y diversidad. Porque la riqueza de este país reside en su carácter plural", sostuvo durante su discurso.
Los defensores de la iniciativa sostienen que se trata de un avance en el reconocimiento y normalización de la pluralidad del país, mientras que los detractores ponen el foco en la dificultad técnica y en su coste.
La primera en alzar la voz en su contra fue la recién estrenada portavoz del partido de extrema derecha Vox en el Congreso, Pepa Millán, que en el Hemiciclo pidió que no se dieran por válidos los juramentos de la Constitución que habían sido realizados en catalán o gallego. "No sabemos si están acatando la Constitución o la están atacando", aseguró.
Quienes se muestran a favor de la medida sin ambages son los miembros de Sumar, la formación liderada por la ministra de Trabajo en funciones Yolanda Díaz, que ya anunció el pasado 2 de agosto que presentaría una propuesta para reformar el reglamento del Congreso en este sentido.