El Gobierno del presidente Gustavo Petro instaló este viernes diálogos sociojurídicos formales con tres de las cinco bandas criminales que operan en zonas urbanas del departamento colombiano del Chocó (Pacífico), en interés de disminuir las manifestaciones de violencia asociadas con la acción de estos grupos.
Según se refiere en la cuenta en X –antes Twitter– de la oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), desde diciembre de 2022, cuando iniciaron los primeros acercamientos entre representantes del Ejecutivo y miembros de las estructuras armadas Los RPS, Locos Yam y Los Mexicanos, la tasa de homicidios en Quibdó, la capital departamental, se redujo "cerca de un 54 %".
La OACP adelanta iniciativas similares en las ciudades de Buenaventura (Valle del Cauca) y Medellín (Antioquia).
Otra arista de la 'paz total'
Aunque las conversaciones de paz con los grupos insurgentes contra el Estado han acaparado la mayor parte de la atención dentro de la política de 'paz total' desplegada por el Gobierno de Gustavo Petro, lo cierto es que con este enfoque, no se ha planteado exclusivamente la desmovilización de guerrillas, organizaciones paramilitares y cárteles de narcotráfico.
Así, uno de los objetivos de las conversaciones sociojurídicas de paz —que se rigen por parámetros diferentes a los definidos en la interlocución con organizaciones beligerantes contra el Estado—, consiste en promover que los actores que tomaron el camino de la violencia —principalmente jóvenes—, se pongan a derecho, entreguen el armamento y reciban beneficios procesales, puntualiza El Espectador.
Empero, el éxito integral de la desmovilización de las bandas urbanas armadas no beligerantes depende de la aprobación de la Ley de Sometimiento a la Justicia, que aún no ha sido presentada en el Parlamento y que pretende complementar la Ley de Justicia y Paz que rigió la desmovilización de los grupos paramilitares.
Paz urbana con todos
Durante el acto de instalación del Espacio de Conversación Sociojurídica de Construcción de Paz Urbana: 'Quibdó Paz Total', el alto comisionado Danilo Rueda precisó que para cumplir con estos fines, el Gobierno cuenta "con la disposición de quienes están usando las armas en tres agrupaciones armadas" y reconoce los nombres con los que se autodenominan, pero también reconoce "a los ciudadanos y ciudadanas de los barrios que no están en armas".
Destacó que en la actividad comparecieron voceros de organizaciones sociales comunitarias, así como familiares —esposas, madres y compañeras sentimentales, principalmente— de los "muchachos que están en armas", sin cuya participación sería imposible avanzar en las metas propuestas.
De su parte, Dilon Martínez Mena, coordinador del Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó, sostuvo que el diálogo sirve a las partes "para generar confianza" y consideró que "debe conducir a situaciones concretas de cambio en el nivel de vida de la gente"; al tiempo que el representante a la Cámara Pedro Baracutao —quien hizo parte de las extintas FARC— insistió en que la institucionalidad debe respaldar las acciones emprendidas por el alto comisionado para la Paz.
Además, desde la cárcel de Itagüí, donde se encuentran apresados, los voceros de Los Mexicanos alegaron que el programa de 'paz total' les ofrecía "una oportunidad real" de abandonar las armas, reincorporarse a la vida civil y escribir una nueva historia para ellos, sus familias y los habitantes de Quibdó.
Los Locos Yam y Los RPS se expresaron a través de un video —Rueda dijo que por motivos de seguridad—, en el que aseveraron que querían aportar su "granito de arena" en la pacificación del país, atravesado por violencias armadas de distinto tenor desde hace décadas.
"Queremos aportar nuestro granito de arena a esto. No solo somos nosotros en esta guerra. Soñamos un futuro para compartir con nuestras familias, queremos apoyar este gran beneficio de darle un cambio a nuestro pueblo y nuestro país", indicaron, según cita El Espectador.
¿Quiénes serán los voceros del Gobierno?
Rueda anunció que el Ejecutivo Nacional estará representado por 10 personas, entre las que se incluyen varios congresistas, así como líderes políticos, sociales y empresariales locales.
Se trata de Luiz Evelis Andrade (exsenador y líder indígena); Juan Diego Restrepo (periodista); Eduardo Rosero (abogado y empresario local); Luz Marina Ríos (concejala); Elsa Paselia Delgado (presidenta de la Cámara de Comercio del Chocó); Dilon Martínez Mena (Comité Cívico por la Dignidad y la Salvación del Chocó); Rosy Pacheco (consejera municipal de juventudes); Pedro Baracutao (excombatiente de las FARC y congresista); David Racero (congresista); y Diego Cancino (concejal de Bogotá).
De acuerdo con medios locales, en el proceso de 'paz urbana' están participando representantes diplomáticos de Suiza, Noruega y España, además de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia y miembros de la Iglesia católica.
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