El Gobierno de Venezuela rechazó este martes "de manera contundente" un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en el que objetan decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano con respecto a la intervención de las directivas de la Cruz Roja Venezolana (CRV) y del Partido Comunista de Venezuela (PCV).
A través de un comunicado, la Cancillería venezolana calificó como "desventurado" el comunicado de la CIDH y advirtió que ese organismo internacional "pretende cuestionar el limpio accionar de los Poderes Públicos venezolanos", como parte de "un nuevo ataque" contra el país.
Para Caracas, este tipo de posturas de la CIDH, órgano adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA), solo reeditan "las andanzas serviles de intereses contrarios" a la región, que precisamente "motivaron el retiro de Venezuela de esta degenerada organización" en 2019.
"La funesta y desprestigiada CIDH adolece de la mínima moral para cuestionar nuestra Constitución y el Estado de derecho consagrado en ella. La soberbia con la cual anhela desconocer las decisiones legales tomadas por los tribunales y órganos competentes, es una muestra más de su desmedida subordinación a elementos hostiles que se lanzan contra el pueblo venezolano", reza parte del comunicado.
Venezuela también denunció que "el accionar obediente y mercenario de la CIDH" en la región pone al ente en evidencia como una organización que se comporta "como vocero del Departamento de Estado" de los EE.UU. Esa postura, se añade, únicamente ratifica "la acertada decisión del Gobierno Bolivariano de desprenderse del chantaje continuado de una organización que solo está concebida como brazo auxiliar de los intereses imperiales".
¿Qué reclama la CIDH?
La CIDH y su RELE rechazaron el lunes un par de decisiones recientes del TSJ que, a su parecer, "atentan contra la libertad de asociación", motivo por el cual llaman "a proteger el espacio cívico" en Venezuela y "garantizar la participación en asuntos de interés público sin ningún tipo de discriminación".
La polémica que genera el reclamo de la CIDH y la respuesta de Caracas obedece a dos sentencias del TSJ: la primera, con fecha del 4 de agosto, destituye al Comité Directivo Nacional de la CRV y designa una "Junta Reestructuradora Ad Hoc" para reorganizarlo; y la segunda, del pasado 11 de agosto, ordena crear una "Junta Directiva Ad Hoc" que se encargue de tomar las riendas del PCV.
Para la CIDH, la sentencia contra la CRV "sería contraria a lo establecido en los estatutos internos de la organización respecto de su gobernanza y otorgaría competencias contrarias al pacto de constitución"; mientras que en el caso del PCV, la orden del TSJ resulta "arbitraria" y "especialmente preocupante", porque interviene contra un partido "disidente de la coalición de gobierno y opositor a varias iniciativas legislativas".
"Las juntas directivas de ambas asociaciones tienen poder de decisión respecto del funcionamiento y la dirección de las respectivas entidades. Por lo que es vital que los procesos internos para la designación de sus autoridades sean autónomos e independientes", dice el comunicado de la CIDH y su RELE.
Además, indican que "ese tipo de decisiones contrarias a la libertad de asociación no son nuevas en el país", puesto que ya en junio de 2020 el TSJ "designó arbitrariamente las juntas directivas de los partidos políticos opositores Acción Democrática y Movimiento Primero Justicia".