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Condenan en Chile a los responsables del asesinato de un diplomático español en la dictadura de Pinochet
La justicia chilena dictó sentencia firme contra seis exfuncionarios de la extinta Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y otras dos personas por torturar hasta la muerte a un funcionario de la ONU.
La Corte Suprema de Chile condenó este martes a ocho personas —seis de ellas miembros de la antigua Dirección Nacional de Inteligencia (DINA)— por su responsabilidad en el asesinato del ciudadano español Carmelo Soria, quien para el momento del crimen estaba adscrito a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL).
La Sala Penal del Supremo chileno apuntó que "las múltiples probanzas reunidas en la indagación en relación a este delito, antes relacionadas, por su cantidad y mérito, permitieron arribar a la convicción que en autos concurren todos los elementos configurativos del tipo penal de asociación ilícita atribuido a determinados encausados, sea en carácter de jefes, sea en carácter de miembros".
En nota de prensa, el organismo precisó que el exagente de inteligencia Guillermo Salinas Torres recibió una condena de 15 años y un día y 541 días de cárcel al ser hallado culpable por los delitos de homicidio y asociación ilícita.
Corte Suprema condena a agentes de la DINA por homicidio de funcionario de la Cepal y asociación ilícita https://t.co/KX5LaXJGYmpic.twitter.com/eLuXxeEfPf
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) August 22, 2023
Asimismo, los otrora agentes Pedro Octavio Espinoza Bravo y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann tendrán que pasar 15 años y un día tras las rejas, mientras que su colega Juan Morales Salgado cumplirá una sentencia de 10 años y un día de presidio. A todos se les responsabilizó como autores materiales del homicidio de Soria, ocurrido en Santiago el 14 de julio de 1976.
Entretanto, el coronel René Quilhot Palma y Pablo Belmar Labbé recibieron cada uno penas por 10 años y un día y 541 días de presidio en calidad de autores de homicidio y por asociación ilícita.
Por último, el ciudadano Eugenio Covarrubias Valenzuela fue sentenciado a cuatro años de presidio por rendir declaraciones falsas a la justicia, mientras que Sergio Cea Cienfuegos deberá purgar una pena de 600 días de presidio como autor de falsificación de instrumento público.
Prontuario extenso
Espinoza Bravo fue el segundo jefe de la DINA, mientras que Iturriaga Neumann fungía como jefe del Departamento de Exterior de la organización cuando estaba bajo las riendas del general Manuel Contreras (1974-1977), militar de alta gradación sindicado en múltiples causas de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Los dos exagentes están condenados por los homicidios de Orlando Letelier, canciller durante el Gobierno de Salvador Allende, y del jefe del Ejército del Gobierno allendista, Carlos Prats, que perecieron en sendos atentados perpetrados en Washington y Buenos Aires por la DINA con el conocimiento de la CIA, según documentos desclasificados.
De su lado, Quilhot Palma ejerció como ayudante de Pinochet hasta 1998 y Belmar continuó tranquilamente su carrera en el Ejército, hasta su primera imputación en España en 2009.
El largo camino a la justicia
Tan pronto como en 1976, en las oficinas de las Naciones Unidas, instancia de la que depende la CEPAL, ya se disponía de evidencia que echaba por borda la tesis de que Soria, que al momento de su muerte tenía 54 años, había fallecido en un accidente de tráfico, como aseguraba el régimen pinochetista.
El diario estadounidense The Washington Post publicó textos en los que se afirmaba que el diplomático había perecido por causa de torturas y tratos crueles en razón de su conocida filiación con la izquierda chilena, mientras que sus familiares dijeron a la prensa que meses antes de su homicidio había recibido amenazas de muerte y demandaron una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del caso.
El castillo de naipes se derrumbó definitivamente en 1993, cuando José Remigio Ríos San Martín, antiguo suboficial, relató a la Justicia de su país los detalles del escabroso asesinato de Carmelo Soria, en el que inicialmente figuraban como presuntos responsables 14 personas, entre ellas el propio Ríos San Martín, aunque finalmente solo fueron procesados él y el coronel retirado Guillermo Salinas.
Ambos fueron absueltos por la Ley de Amnistía promulgada por Pinochet, que garantizaba impunidad para los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1977. El fallo impedía, además, que los tribunales locales reabrieran la causa, pero tras una larga batalla judicial se pronunció la esperada sentencia firme.
La sentencia antecede a la conmemoración de los 50 años del golpe militar contra Salvador Allende y el inicio de la dictadura, durante la cual se persiguió, torturó, asesinó y desapareció a dirigentes de izquierda, pero también se arrastró al exilio a unas 200.000 personas.
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