El general Rafael Hernández Nieto, que comandaba uno de los batallones de Iguala en el estado mexicano de Guerrero cuando tuvieron lugar los hechos de Ayotzinapa, recibió este miércoles una medida que levanta la prisión preventiva dictada por los tribunales el pasado julio, por lo que pasará a cumplir el arresto domiciliario.
Una jueza federal cuyo nombre no se ha hecho público, determinó que el militar no tiene riesgo de fuga, pese a que la Fiscalía General de la República lo imputó por su aparente implicación en la desaparición forzada de 43 normalistas en septiembre de 2014 y por sus presuntos nexos con el crimen organizado.
Medios locales recogen que se le obligó a entregar su pasaporte, debe firmar cada 15 días el libro de procesados, permanecer dentro de su domicilio y, además, tiene prohibido establecer contacto por cualquier vía con cualquiera de las víctimas o procesados del caso Ayotzinapa.
Medida inusual
Hernández Nieto forma parte del grupo de 16 militares procesados por su presunta participación en la desaparición forzosa de 43 estudiantes de la Escuela Normal Ayotzinapa.
Organizaciones de derechos humanos como Tlachinollan, Fundar, SeraPaz y Centro Prodh, que acompañan a los familias de los normalistas, calificaron como "inusual" su liberación y denunciaron que se le había brindado un trato preferencial por su condición de militar de alto rango.
"La determinación adoptada por la Juez Segundo de Distrito muestra un innegable sesgo a favor del Ejército. Las organizaciones que acompañamos a las familias no hemos conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios, explicables solo por la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas en el presente", se lee en un comunicado conjunto publicado tras hacerse pública la noticia.