La amnistía a independentistas catalanes centra las negociaciones para la formación de Gobierno en España

El futuro político de España continúa bloqueado después del ajustado resultado que arrojaron las elecciones celebradas el pasado 23 de julio, un escenario que sitúa en el centro de las negociaciones para conseguir el avance de la legislatura y la formación de Gobierno la amnistía exigida por los partidos independentistas catalanes.

Tanto a Alberto Núñez Feijóo, líder de los conservadores del Partido Popular (PP), como al mandatario en funciones, el socialista Pedro Sánchez, les faltan el respaldo de cuatro y cinco escaños, respectivamente, para conseguir ser investidos presidentes del Gobierno.

Se trata de unos escaños que están en manos de Junts per Catalunya, la formación del expresidente catalán Carles Puigdemont, quien se encuentra autoexiliado en Bélgica para eludir la acción de la Justicia española tras la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. Así, entre las condiciones para apoyar a uno u otro candidato exigen una amnistía.

¿En qué consistiría la amnistía?

Tanto Junts como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el otro partido independentista catalán con representación en el Congreso de los Diputados, piden que se amnistíen todos los actos de intencionalidad política tipificados como delitos o faltas administrativas vinculados a la lucha política por la autodeterminación de Cataluña, llevados a cabo desde el 1 de enero de 2013.

Eso afectaría al menos 13 causas abiertas en diferentes instancias, como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

Se trataría de aquellas acciones que estarían relacionadas con la consulta no vinculante celebrada en 2014 e impulsada por el entonces presidente de Cataluña, Artur Mas, así como con el referéndum de 2017 que desembocó en una declaración unilateral de independencia.

Si bien no hay precedentes de una amnistía en un ámbito ideológico, desde la restauración de la democracia en el país en 1976 se han producido tres amnistías fiscales, la última de ellas impulsada por el Partido Popular en 2012, cuando tenía mayoría absoluta.

¿Qué dice el Partido Popular?

El Partido Popular ha manifestado hasta la fecha que no contempla la posibilidad de la amnistía porque considera que quedaría fuera de la Constitución. Sin embargo, se ha abierto a comenzar negociaciones con Junts para logar su apoyo en la sesión de investidura que Feijóo enfrentará el próximo 26 de septiembre.

El movimiento ha sorprendido después de que durante la pasada legislatura la formación haya calificado a Junts de partido golpista, enemigo de España, anticonstitucional y sostenido que desea la destrucción del país. Ahora, varios políticos del PP de primer nivel han sostenido que Junts es un partido legítimo con amplia historia democrática.

Sin embargo, estos planteamientos han encontrado el rechazo de parte del ala catalán de la formación popular. Así, el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha mostrado su malestar después de que Feijóo dijera en una entrevista en El Mundo que los de Junts no son "rivales políticos".

"Junts sí es mi rival, un partido cuya tesis esencial es que España es una dictadura dirigida por un rey fascista, con el que se niegan a hablar. Que alguien me diga de qué hay que hablar con ellos...", decía en un contundente mensaje en sus redes sociales.

¿Qué dicen los socialistas?

Desde el Partido Socialista se observa con buenos ojos el movimiento del PP, pues estiman que si bien los populares están lejos de atraer los votos de Junts, su nueva posición legitima sus propias conversaciones con el partido de Puigdemont.

Por el momento, el partido de Pedro Sánchez no ha hecho declaraciones directas sobre la posibilidad de que se produzca la amnistía. El presidente en funciones, tras su reunión con Felipe VI antes de que éste designara como candidato a la investidura a Feijóo, manifestó que "el diálogo es el método y la Constitución es el marco".

Preguntado entonces sobre si la amnistía solicitada por los partidos catalanes entraban dentro de la Carta Magna, respondió: "No me corresponde a mí decir qué es o no constitucional, afortunadamente tenemos al Tribunal Constitucional para dirimir todas esas cuestiones".

Antes de los comicios, tanto Sánchez como su formación defendían que ni la amnistía ni pactar un nuevo referéndum de autodeterminación cabían en la Constitución, algo que tras el complejo resultado electoral no han vuelto a decir.

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Sin embargo, desde Sumar, la formación encabezada por la ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, socia de un eventual futuro Gobierno de Sánchez, ya han organizado un grupo de juristas para estudiar la viabilidad constitucional de una ley de amnistía.

El veredicto favorable se basa en el artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que mantiene que la amnistía es uno de los supuestos de incidente previo al juicio oral.

En contra se sitúa el informe de los letrados del Congreso que recuerda que el Código Penal no contempla como causa de extinción de la responsabilidad criminal la amnistía, sino tan solo el indulto que, además, solo puede concederse de manera individual y no para causas colectivas.

Otras exigencias de Puigdemont

Además de la amnistía, la formación de Puigdemont tiene otras exigencias sobre la mesa. La primera de ellas es que se reconozca como legal el referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017, una votación que para la formación sigue vigente, a pesar de que no contó con las mínimas garantías, ni reconocimiento legal ni internacional.

Así, la autodeterminación es el otro gran objetivo de Junts, una apuesta de máximos. Para el expresidente catalán, negociar un nuevo referéndum sería en sí mismo una cesión. Sin embargo, parece este un asunto en el que ni populares ni socialistas están dispuestos a ceder.

Las otras exigencias de Junts se refieren a asuntos más pragmáticos, como la financiación de la región, la defensa del catalán o el impulso del corredor ferroviario mediterráneo.

Bruselas puede pronunciarse

Otro de los obstáculos con los que podría encontrarse una futura ley de amnistía sería la opinión de Bruselas. Así, varios grupos de la Eurocámara estarían dispuestos a presentar una denuncia ante el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, si la iniciativa se llevara a cabo.

En su último informe sobre el Estado de derecho en la Unión Europea en 2023, del mes de julio, Reynders señaló varias objeciones respecto a España: el retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva caducado cinco años, y la necesidad de poner en marcha un nuevo sistema de elección de sus miembros; la rebaja de las penas del delito de malversación a instancias del Partido Socialista para conseguir el apoyo de ERC a sus presupuestos; y aumentar la autonomía de la Fiscalía General del Estado con respecto al Gobierno.

El incumplimiento de las recomendaciones del comisario europeo de Justicia puede suponer la imposición de multas coercitivas que podrían ser descontadas de los fondos europeos que España recibe.

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