La Corte Suprema de Chile (CSC) dictó este lunes sentencia definitiva contra siete militares por los secuestros, torturas y posteriores asesinatos del cantautor revolucionario, profesor y militante comunista Víctor Jara Martínez; y del exdirector de prisiones del Gobierno del presidente Salvador Allende, Littré Abraham Quiroga Carvajal, en septiembre de 1973.
A través de un despacho de prensa, el Poder Judicial detalló que la Segunda Sala de la CSC falló de manera unánime contra los siete militares retirados del Ejército, tras hallarlos culpables por los delitos de "secuestro calificado y homicidio calificado" de Jara y Quiroga, crímenes perpetrados en la ciudad de Santiago, la capital del país suramericano, al inicio de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
De esta manera, seis de los inculpados, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto, fueron sentenciados a 15 años y un día de prisión por ser "autores de los homicidios", y a otros 10 años y un día de presidio por el crimen de "secuestro calificado" contra ambas víctimas.
Por su parte, el exmilitar Rolando Melo Silva deberá pagar cinco años y un día de cárcel por encubrir los asesinatos, y otros tres años y un día de presidio por los secuestros. El Poder Judicial determinó así que no hubo error en la sentencia previa contra los condenados, ante la cual su defensa había interpuesto una apelación.
Más allá de las penas dictadas, el Estado chileno deberá indemnizar a la viuda e hijos de Jara con la suma de 150 millones de pesos a cada uno, aproximadamente 175.500 dólares. En el caso de Quiroga, su esposa e hijos deberán recibir la misma cantidad, mientras que a cada uno de sus hermanos les corresponderían 80 millones de pesos, unos 93.600 dólares.
¿Cómo mataron a Víctor Jara y a Quiroga Carvajal?
De acuerdo con el fallo del Poder Judicial, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre contra el presidente Allende, la Junta Militar encabezada por el dictador Augusto Pinochet ejecutó el secuestro y asesinato de Quiroga y Jara; así como lo hizo contra otros miles de personas, en su mayoría señaladas como "comunistas" u "opositores" de izquierda.
Tanto en el caso de Quiroga, a quien sacaron de su oficina en la Dirección General de Prisiones, como en el del cantautor Jara, arrestado en la Universidad Técnica del Estado, los militares practicaron excesos como detención ilegal, abusos psicológicos y torturas, ya desde el momento de trasladarlos al Estadio Nacional de Chile, en Santiago, sin formularles ningún tipo de cargos.
A Jara, los militares lo agredieron "verbal y físicamente" con particular saña desde su llegada al lugar. A ambos, por tratarse de figuras públicas reconocidas, los separaron de la gran mayoría de las personas recluidas en el recinto, creado para fines deportivos y culturales y devenido en campo de concentración. Durante su cautiverio sufrieron "constantes y violentos episodios de agresión física y verbal por parte de los oficiales de Ejército".
A Quiroga, los militares lo señalaban de haber puesto en prisión al general de Ejército Roberto Viaux, motivo por el que los soldados se turnaban para castigarlo. A Jara, por su parte, le recriminaban su activismo artístico, cultural y político, que estaba "estrechamente vinculado al recién derrocado Gobierno".
Al cantautor, indica la justicia chilena, le infligieron innumerables torturas físicas, "siendo los golpes más severos aquellos que recibió en la región de su rostro y en sus manos". "Ambas víctimas fueron objeto de patadas, golpes de puño y golpes de culata con armas"; además, los sometieron a interrogatorios ilícitos.
El día del asesinato de ambos, 15 de septiembre de 1973, los militares, que iban a sacar a todos los prisioneros del Estadio Nacional para trasladarlos a otros sitios de reclusión, tomaron a Jara y a Quirogas, los llevaron al sector de camarines, en la parte subterránea del recinto, y les dispararon a mansalva.
A Jara le propinaron 44 disparos y a Quiroga 23. Las balas, calibre 9,23 milímetros, según precisan los informes de autopsia y pericias balísticas, eran parte del armamento utilizado por los oficiales del Ejército que estaban en el lugar.
Tras matarlos, los uniformados sacaron los cuerpos de ambos y los dejaron tirados en plena vía pública junto a otros cadáveres. Sus restos fueron encontrados el 16 de septiembre por miembros de organizaciones comunitarias y sociales en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano de Santiago.
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