El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva tomó sendas medidas para aumentar los impuestos a los llamados fondos de "superricos" y gravar los ingresos de inversiones financieras en el extranjero a través de sociedades 'offshore'.
En un contexto de aumento del gasto social, ambas medidas buscan aumentar la recaudación y corregir distorsiones en la legislación existente, que beneficia a las grandes fortunas.
El lunes, el mandatario firmó una medida provisional que establece el cobro dos veces al año, de un tributo sobre los rendimientos de los fondos exclusivos, que en general tienen un único titular y exigen una inversión mínima de 10 millones de reales (unos 2 millones de dólares).
La medida, con la que el gobierno espera recaudar alrededor de 24.000 millones de reales (cerca de 5.000 millones de dólares) entre 2023 y 2026, prevé "un cobro de 15 a 22,5 %" sobre los rendimientos, según el Ministerio de Hacienda.
Hasta ahora, estos fondos exclusivos pagaban únicamente el impuesto sobre la renta en los reembolsos.
En Brasil, las medidas provisionales entran en vigor una vez firmadas por el mandatario, pero pierden validez si el Congreso no las valida en un plazo de hasta 120 días.
"El rico en el impuesto de renta"
En las redes sociales, Lula advirtió que su gobierno va a "poner al rico en el impuesto de la renta y al pobre en el presupuesto".
"Eso es lo que hicimos ayer, al sancionar la ley de incremento del salario mínimo y proponer la Medida Provisional para gravar a los superricos. Proporcionalmente, los más pobres pagan más en impuesto a la renta que el dueño del banco. Vamos a cambiar eso", escribió.
Además, el gobierno brasileño, que asumió el pasado 1 de enero, envió también el martes al Congreso un proyecto de ley que propone gravar las inversiones financieras en el exterior a través de las sociedades 'offshore', a menudo ubicados en paraísos fiscales.
Las medida establece un impuesto anual progresivo de hasta el 22,5 %. Actualmente, el capital en el extranjero solo tributa cuando se rescata y vuelve a Brasil.
"Más de un billón de reales (equivalente a más de 200.000 millones de dólares) en activos de personas físicas están posicionados en el exterior. Estos activos prácticamente no pagan impuestos sobre sus ingresos pasivos, como intereses y otros ingresos financieros", señaló el gobierno en su comunicado.