Durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, se han registrado al menos 1.524 casos de desapariciones forzadas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales cometidas presuntamente por las fuerzas de seguridad, militares y otros funcionarios que permanecen impunes.
Así lo denuncia una investigación periodística titulada "Permiso para matar", que fue realizada por los medios Animal Político (Ciudad de México), La Verdad de Juárez (Chihuahua), el Noroeste (Sinaloa), Amapola Periodismo (Guerrero), Lado B (Puebla), Elefante Blanco (Tamaulipas) y la organización Data Cívica.
El trabajo colaborativo, que abarca crímenes ocurridos entre 2006 y 2022, documenta por primera vez en una base de datos los casos que involucran como responsables a representantes del Estado, ya sea soldados, marinos, guardias nacionales, policías federales, preventivos, estatales y agentes ministeriales.
En el recuento, se documentaron 1.465 víctimas de ejecución y desaparición forzada por parte de fuerzas federales o estatales, de las cuales, 444 se registraron durante el Gobierno de Calderón, (2006-2012); 713 con Peña Nieto (2012-2018) y 308 en los primeros cuatro años del sexenio de López Obrador.
De acuerdo con la investigación, las víctimas eran personas inocentes o indefensas, hombres y mujeres sin vínculos con el crimen organizado, sobre los que no pesaba ninguna sospecha y que no eran parte de ninguna causa judicial.
Por el contrario, se trata de ciudadanos, muchos de ellos jóvenes, que se encontraban a solas o en pequeños grupos, habitantes de ciertas localidades, manifestantes, integrantes de sectores económicamente marginados o estigmatizados, como personas con problemas de sustancias o con tatuajes en el cuerpo.
"Hombres y mujeres que mostraron comportamientos que para la autoridad fueron 'indebidos', aunque no representaran delito alguno, como no detener la marcha del auto, vestir cierta ropa o actuar con reservas, nerviosismo o miedo en presencia de uniformados. Personas que salieron a comprar comida, a trabajar, a la escuela, a atender necesidades básicas, a divertirse", explica.
No son la excepción
Muchos de ellos fueron asesinados, mientras que otros son víctimas de desaparición forzada.
"Aquí hay -en un listado inédito- 1.524 víctimas. Casos recopilados a partir de una larga investigación, que incluyó revisiones hemerográficas, informes de derechos humanos y expedientes judiciales. Se acudió, sobre todo, a algunas organizaciones de familiares de desaparecidos, que nos abrieron su información. Y se hicieron entrevistas con 191 familiares directos de las víctimas", explica.
También asegura que esta recopilación demuestra que las violaciones a los derechos humanos son una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad y militares, y no sólo de "manzanas podridas", o casos aislados de elementos que "se portaron mal" de manera excepcional.
"Son casos que prueban la violencia que ejerce el Estado y la impunidad que da a sus elementos. Son crímenes de lesa humanidad. Son 1.524 víctimas que nos confirman que cualquier persona en México puede ser víctima del abuso de poder y las violaciones de derechos humanos que sostienen la política de seguridad del Estado", señala.
Por otra parte, la investigación aclara que ni siquiera se trata de un número definitivo, y recuerda que, en muchos casos, las autoridades intentaron hacer pasar los crímenes como falsos enfrentamientos contra delincuentes.
"Pero investigaciones periodísticas, de organizaciones de la sociedad civil o denuncias de familiares dejaron al descubierto que los hechos no habían ocurrido como se reportaron, que ni siquiera los números de víctimas cuadran o que, en realidad, se trató de crímenes cometidos por las fuerzas públicas", advierte.