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Comisión de Ética investigará tres denuncias contra el presidente del Congreso de Perú
La contratación de su cuñada, el apoyo de una ley que lo beneficia y la utilización de troles con dinero de sus empleados, son las acusaciones contra Alejandro Soto Reyes.
La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República de Perú aprobó este jueves el inicio de tres investigaciones de oficio contra el presidente del órgano legislativo, Alejandro Soto Reyes.
De forma unánime, el cónclave determinó indagarlo por la contratación de su cuñada; por haber impulsado una ley para beneficio propio con la finalidad de evadir un juzgamiento; y el aporte de dinero de tres empleados de su despacho, para la implementación de troles que lo defiendan en redes sociales.
🔴 #LoÚltimo | La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por unanimidad dar inicio a las investigaciones contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes. Se le investigará por la contratación de la hermana de la madre de su hijo, por su voto a favor de la ley que lo… pic.twitter.com/t5SnAbfgPk
— Epicentro.TV (@Epicentro_TV) August 31, 2023
El congresista Diego Bazán, quien preside la Comisión de Ética, informó que elaborarán los informes finales de las tres denuncias en un plazo máximo de tres meses, según reportó el diario local La República.
En un breve pronunciamiento, antes de votar por la denuncia acerca del empleo de la cuñada de Soto entre agosto de 2021 y julio de 2023, el legislador Jorge Marticorena calificó este tema como un "difícil encargo".
Presidente polémico
Soto Reyes, quien tiene poco más de un mes en el cargo, está envuelto en controversias por las serias acusaciones propaladas en los medios de comunicación, por las cuales algunas bancadas procuran la presentación de una moción de censura en su contra.
De hecho, la semana pasada la Fiscalía de la Nación comenzó unas diligencias preliminares como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.
Este jueves la Comisión evaluó tres denuncias y descartó otras tres, con base al reglamento del Congreso, que establece que solo pueden ser investigados los parlamentarios que vulneren el código de ética durante el ejercicio de sus funciones.
Una de las acusaciones desechadas apuntan a la compra de una casa por 252.000 dólares con presunto dinero obtenido de una estafa.
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