La Fiscalía colombiana informó este jueves que han sido detenidas cinco personas –cuatro pertenecientes a la Policía Nacional y un civil– como parte de las investigaciones que adelanta el organismo por las presuntas escuchas telefónicas ilegales perpetradas contra exempleadas de la exjefa del Gabinete presidencial, Laura Sarabia.
De acuerdo con el comunicado publicado en X por el ente acusador, "los elementos de prueba dan cuenta de que las personas capturadas estarían involucradas en las acciones ilícitas, luego de que la exjefa de Gabinete de la Presidencia denunciara la pérdida de un dinero en su residencia".
¿Vuelta al Gobierno?
Aunque el 28 de julio la Fiscalía certificó que no había denuncias en contra de Sarabia, el pasado 22 de agosto la exfuncionaria publicó en sus redes sociales una carta pública en la que deslizó que el organismo estaría pretendiendo frenar su regreso al Gobierno.
En su decir, el 18 de agosto la Fiscalía le comunicó "la novedad procesal" de que escucharía su versión de los hechos relacionados con el 'niñeragate'. A solicitud de su defensa, la audiencia tendrá lugar el venidero 5 de septiembre.
Entretanto, este martes, la exdirectora del Departamento de Prosperidad Social del Gobierno de Colombia, Cielo Rusinque, aseguró que Laura Sarabia la sucedería en el cargo, aunque esa información no ha sido confirmada.
Un gran escándalo
Los focos se posaron sobre Sarabia por el escándalo que estalló cuando Marelbys Meza, exniñera de su hijo, denunció en la revista Semana que fue obligada a tomar la prueba del polígrafo para probar su inocencia, en razón de la sustracción de una importante cantidad de dinero de la residencia de la funcionaria.
Entonces, tanto la exjefa de gabinete como la Presidencia afirmaron que Meza accedió voluntariamente a la prueba y que todo se había hecho conforme a la ley. Además, a título personal, el presidente Gustavo Petro negó rotundamente que su Administración consintiera las escuchas ilegales.
La situación se complicó cuando salieron a la luz una serie de audios entre Sarabia y el entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en los que, entre otras cosas, el exdiplomático amenazaba a la funcionaria con revelar supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral.
Ambos terminaron presentado su renuncia y la Fiscalía anunció que los requeriría para que rindieran declaraciones.
A lo anterior se sumó el suicidio del oficial Óscar Dávila, uno de los jefes de seguridad de Petro, quien había expresado que brindaría a las autoridades su versión sobre el escándalo de las escuchas ilegales y el polígrafo.