El 50.º aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende sumió a Chile en un clima de crispación en el que la oposición se resiste a firmar una declaración a favor de la democracia, propuesta por el presidente Gabriel Boric.
La justificación de los dirigentes de la derecha y ultraderecha es que el mandatario ha promovido un tono "confrontativo" y no de conciliación.
Sin embargo, en las últimas semanas los que exacerbaron los ánimos y la añeja división que hay en el país fueron políticos opositores que reivindicaron al dictador Augusto Pinochet, y justificaron de diversas maneras el golpe del 11 de septiembre de 1973.
A pesar de la creciente disputa por la narrativa histórica, Boric ya advirtió que hará todos los esfuerzos posibles para que todos los sectores políticos acepten firmar un pronunciamiento unánime.
"Por una convicción de futuro respecto del bienestar de nuestra patria, nos comprometamos en conjunto a valorar y cuidar la democracia y a respetar de manera irrestricta los derechos humanos, que nunca se van a volver a violar en Chile por pensar distinto. Eso es lo que hemos estado intentando, es la declaración a la que hemos invitado a los partidos", explicó.
También reveló que le manifestó a la oposición su voluntad de generar las condiciones para que el momento de la firma sea cómodo para todos, pero la respuesta sigue siendo negativa.
Resistencias
El lunes, los líderes de la coalición opositora Chile Vamos le exigieron a Boric "cambiar el tono" y buscar consensos.
"Estuvimos todos muy claros que el Gobierno le ha impuesto un tono de conflicto y de polarización a esta conmemoración (…) la derecha no tiene por qué rendirle cuentas a nadie en su compromiso con los derechos humanos", acusó Diego Schalper, secretario general del partido Renovación Nacional.
Los opositores demandan que el Gobierno condene de manera irrestricta "todo uso de la violencia", es decir, no sólo el golpe o la dictadura, sino la que ejerció la resistencia armada, con lo que intentan equiparar los crímenes que comete el Estado y los civiles, algo que ya ha sido diferenciado incluso en el derecho internacional.
Además, al colocar a ambas partes en el mismo nivel de responsabilidad, se intenta justificar la violencia estatal que se tradujo en violaciones a los derechos humanos y en crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles.
En medio de este álgido debate, la secretaria general del Gobierno, Camila Vallejo, explicó que se pueden tener diferencias políticas y expresarlas de manera acalorada.
"Pero hay algo que no debiese estar en cuestión, que es que la democracia se respeta siempre, porque si no, son las personas las que sufren. El ánimo del presidente es fomentar el diálogo para construir acuerdos y fortalecer nuestra democracia", señaló.
Sin embargo, aclaró, la búsqueda de consensos no puede implicar de ninguna manera que se deje de condenar el terrorismo de Estado que Pinochet impuso durante 17 años.
"El presidente no está imponiendo, no está obligando a nadie. Esperamos que la gran mayoría quiera suscribir ese compromiso básico, pero nadie está obligado (…) no son temas negociables, hay un compromiso súper sencillo: democracia siempre, respeto a los derechos humanos siempre, ni más ni menos", resumió.
Retrocesos
La expresidenta Michelle Bachelet, por su parte, lamentó el escenario político que antecede una conmemoración tan importante en la historia de Chile.
"Me preocupa porque siento que hay un retroceso. A mí me tocaron los 40 años y creo que había un cierto acuerdo mucho más global de condena a lo que había pasado (…) los 50 años debieran ser una cosa que nos uniera en torno a estos conceptos que son súper básicos, en vez de usarlo como un arma política", dijo.
Luego de reunirse con Boric con miras a la ceremonia que se realizará el próximo lunes, reveló que el mandatario había reconocido que hay un "clima eléctrico", con lo que ella estuvo en desacuerdo.
"Está más bien tóxico el ambiente político, y creo que no nos hace bien, lo que necesitamos es ser capaces de escucharnos, de dialogar y de llegar a acuerdos sobre las cosas fundamentales con mirada de Estado", señaló.
Hasta hace poco, afirmó, había un acuerdo fundamental de que la democracia es clave, que hay que protegerla, y que nada justifica violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
"Pero siento que, de alguna manera, ese compromiso hoy no lo veo tan claro", lamentó.