Un nuevo informe publicado este lunes por Amnistía Internacional (AI) reveló que miembros de las Fuerzas de Defensa de Eritrea llevaron a cabo "crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad" en Tigray, en el norte de Etiopía, antes y después de la firma del acuerdo que puso fin al violento conflicto en la región el año pasado.
En noviembre de 2020 comenzó el enfrentamiento armado entre el Frente de Liberación Popular de Tigray y el Gobierno de Etiopía, que contaba con el apoyo de las milicias de otras regiones etíopes, así como del Ejército eritreo. En 2021, EE.UU. sancionó a Eritrea por el envío de tropas a Tigray, acusándolas de cometer asesinatos, violaciones y saqueos durante la contienda.
Las hostilidades entre las partes beligerantes cesaron en noviembre del año pasado, luego de alcanzarse un acuerdo de paz bajo la mediación de la Unión Africana. Los rebeldes de Tigray exigían, como parte de la resolución, que las Fuerzas Armadas extranjeras se retiraran de la región. No obstante, los soldados eritreos continúan estacionados cerca de las zonas fronterizas de Etiopía.
Violaciones y ejecuciones contra la población
En el nuevo reporte de AI, basado en 49 entrevistas hechas a supervivientes y testigos, se documentó que militares eritreos continuaron violando y ejecutando a civiles en Tigray pese a que las confrontaciones habían concluido. La ONG con sede en Reino Unido indicó que esos casos tuvieron lugar entre octubre de 2022 y enero de este año.
La directora regional de AI para África Oriental y Meridional, Tigere Chagutah, denunció que algunas mujeres fueron sometidas a "horribles abusos", que incluyeron violaciones y esclavitud sexual, mientras que algunos hombres fueron asesinados "extrajudicialmente".
El organismo detalló que el Ejército eritreo ejecutó sumariamente a más de 40 civiles en las localidades etíopes de Kobob Tsibah y Mariam Shewito, cercanas a la frontera con Eritrea. Asimismo, señaló que "la persistente resistencia del Gobierno etíope a las investigaciones de los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos" representa un obstáculo para determinar su responsabilidad por los crímenes cometidos por el Ejército eritreo.
A su vez, AI solicitó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que renueve la próxima semana el mandato de la Comisión Internacional de Expertos para Etiopía. En septiembre del año pasado, esta entidad divulgó que se hallaron evidencias de violaciones realizadas por los bandos involucrados en el conflicto, y acusó a las autoridades etíopes y eritreas de posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Por último, la organización manifestó que los Gobiernos de Etiopía y Eritrea no han respondido a las conclusiones preliminares que se presentaron en el informe. De acuerdo con medios africanos, la Administración federal etíope aseguró que está llevando a cabo un mecanismo de "justicia transicional" con base al acuerdo de paz, con el objetivo de identificar y juzgar a los responsables de las acciones cometidas en las regiones de Tigray, Amhara y Afar.