Para Jorge Capitanich, actual gobernador de la provincia del Chaco, conseguir estrechar las relaciones con EE.UU. era un asunto de la más alta relevancia desde hace más de una década.
Según cables de WikiLeaks, desde que se desempeñaba como senador de la República (2001-2007), el dirigente se vanagloriaba de que, a diferencia de gran parte de la población argentina, él no era poseedor de un "sentimiento antinorteamericano".
Por el contrario, se consideraba a sí mismo un convencido de que EE.UU. debía convertirse en el principal socio de Argentina para que esta consiguiera, finalmente, su desarrollo como nación.
Todavía en su calidad de senador, Capitanich invitó a varios diplomáticos estadounidenses a la provincia del Chaco, entre ellos, al embajador Anthony Wayne, con quien conversó sobre la necesidad de escalar la cooperación en caso de resultar electo gobernador.
Ya como gobernador en funciones, en 2012, Capitanich se reunió con representantes del Comando Sur de EE.UU., entre ellos el coronel Edwin Passmore, para alistar la puesta en marcha de un Centro de Operación y Coordinación ante Emergencias, cuyo objetivo era, supuestamente, mejorar la capacidad de respuesta del Gobierno local frente a desastres naturales.
Producto de esos encuentros se acordó que el Centro —ubicado al final de la cabecera Sur del aeropuerto internacional de Resistencia—, sería construido a través de una donación del Gobierno estadounidense de 3 millones de dólares y la Defensa Civil de la provincia quedaría a cargo de la operación.
De esta forma, según la perspectiva de Jorge Capitanich, no sería violada la soberanía dado que el Gobierno a su cargo tomaría las decisiones en todo momento. Sin embargo, su plan no llegó a buen puerto debido a un rechazo aplastante de los habitantes de la provincia.
En 2018, el diputado nacional Marcelo J. Fuentes, mediante un proyecto de declaración emitido por el Senado, advertía sobre los peligros de construir un Centro de Operación y Coordinación ante Emergencias en Neuquén.
En el documento, el legislador rememoraba que, años atrás, Capitanich había dado marcha atrás a un proyecto con características idénticas y hasta había enviado una iniciativa al Congreso local para establecer su prohibición.
Sin embargo, años más tarde, en 2023 y durante su tercer mandato como gobernador del Chaco, Capitanich ha sido el encargado de inaugurar el primer Centro de Operación y Coordinación ante Emergencias en Argentina.
Fue en abril de este año cuando el gobernador recibió al embajador Marc. R. Stanley y anunció que, producto de una cooperación internacional que data de 2012, se daba por inaugurado de manera formal el polémico Centro auspiciado por el Comando Sur de EE.UU.
En el marco del 200 aniversario de la cooperación entre Argentina y EE.UU., el Gobierno de la provincia recibió una donación compuesta por un conjunto de equipo informáticos y de comunicación de alta tecnología, 'handies', bases de radio para comunicación VHF, así como computadoras de alto rendimiento para tareas de análisis, prevención y operación de emergencias.
Las instalaciones se han mantenido a cargo de las autoridades de la Defensa Civil de la provincia durante todo este tiempo y desempeñan las mismas funciones que se habían acordado con EE.UU.
Con su relanzamiento este año, en calidad de Centro de Operación y Coordinación ante Emergencias y, reconociendo el apoyo de la Administración estadounidense para su construcción, Capitanich mantiene abierta la puerta para continuar recibiendo donaciones en especie y escalando la cooperación en los rubros de la seguridad y la defensa.
Una amenaza latente
En entrevista con RT, Elsa M. Bruzzone, experta en geopolítica y seguridad nacional, advierte que la instalación de Centros de Operación y Coordinación ante Emergencias entraña grandes riesgos para la soberanía de Argentina.
Bruzzone explica que, aunque en un primer momento no haya presencia de Fuerzas Armadas norteamericanas, existe el riesgo de que una vez que las instalaciones ganen aceptación social, estos proyectos puedan ser reconvertidos.
Según la especialista, existe la posibilidad de que se transformen, primero, en una especie de Centro de Coordinación Antidrogas que, de acuerdo a los términos del Departamento de Estado, sería un Centro de Seguridad Cooperativa. Y no estaría exento de sufrir nuevas mutaciones.
"Una vez que los Gobiernos de EE.UU. y Argentina establezcan un 'enemigo común' y el segundo admita su falta de capacidad para hacerle frente, estas instalaciones podrían convertirse en una Base de Operaciones Principales", alerta.
Una base de este tipo, comenta Bruzzone, no es sino una fortificación militar para el comando, control y comunicación con fuerzas operativas permanentes.
"Desde Washington –explicó– presentan estos proyectos como parte de una cooperación de bajo perfil, enfatizando su carácter supuestamente 'humanitario'; pero luego, y en el momento oportuno, se terminan convirtiendo en una intervención militar negociada. Estamos en peligro".
Hay otras variantes dentro del abanico del Pentágono. Detalla, por ejemplo, una Base de Operaciones de Avanzada, que posee las características de la anterior, pero incluye además un aeródromo o un muelle.
"Para nada es descabellado que ocurra esta mutación en el Chaco o Neuquén", sentencia. Bruzzone trae a la memoria los casos de las bases que EE.UU. desplegó en Comalapa (El Salvador) y las islas caribeñas Aruba y Curazao.
Las tres localizadas en lugares geográficos muy privilegiados y que, una vez reconvertidas, contaron con pistas de aterrizaje para aviones pesados con capacidad para operación nocturna, control de tráfico aéreo, equipos de abastecimiento de combustible, estación de bomberos, hangares, oficinas y almacenes.
"Cualquiera que sea el tipo de base, el objetivo es consolidar un contacto regular con las Fuerzas Armadas del país anfitrión. Se llevan a cabo programas de capacitación, ejercicios militares conjuntos, operaciones de inteligencia (espionaje) y se intercambia información".
Bruzzone considera "muy delicado" que los Centros de Operación y Coordinación ante Emergencias se promuevan desde el Comando Sur de EE.UU. y advierte que, una vez instalados, es muy difícil dar marcha atrás.
"El Comando Sur no sigue las órdenes de la Embajada norteamericana, sino del Departamento de Estado. Realmente es muy difícil echar atrás las bases militares auspiciadas por EE.UU. Recordemos que para los presidentes Rafael Correa y Luiz Inácio Lula da Silva no fue nada sencillo revocar las bases en Manta (Ecuador) y San Pedro de Alcántara (Brasil)".
Silencio del Gobierno nacional
Hasta la fecha, el Gobierno nacional ha evitado pronunciarse sobre los Centros de Operación y Coordinación ante Emergencias: el del Chaco, ya inaugurado formalmente, y el de Neuquén, en su última fase de construcción.
Su proceder contrasta con las acciones tomadas en 2012, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando en un primer momento, se rechazó la intentona de Washington.
En ese año, cuenta Elsa. M. Bruzzone, Héctor Timerman estaba al frente de la Cancillería, y Arturo Puricelli en el Ministerio de Defensa.
Bruzzone recuerda que, en aquella época, había sido contratada por el Ministerio de Defensa, a través del Centro de Estudios para la Defensa Manuel Belgrano, para colaborar con la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Relata que ella y su esposo, José Luis García, quien se desempeñaba como secretario general del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), tan pronto se enteraron de que el Comando Sur de EE.UU. pretendía instalarse en el Chaco, le notificaron al titular del Ministerio de Defensa que tomarían acciones para impedirlo.
"Por fortuna, Puricelli se sumó a la campaña contra la puesta en marcha de un Centro de Operación y Coordinación ante Emergencias bajo los auspicios de Washington, lo mismo el ministro Timerman".
Un año más tarde, sin embargo, Elsa M. Bruzzone revela que Puricelli y sus colaboradores fueron revelados de sus cargos, no así el canciller Timerman. Entonces, su colaboración concluyó.
En 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri, cuando se dio a conocer que se alistaba un Centro de Operación y Coordinación ante Emergencias en la provincia de Neuquén, algunos legisladores de la oposición, tanto provinciales como nacionales, se manifestaron en contra.
Armando Benítez, quien era secretario adjunto de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) del Chaco cuando se intentó poner en funcionamiento el Centro durante el segundo periodo de Gobierno de Capitanich, lamenta que actualmente los movimientos sociales se encuentren desarticulados.
"Nuestra provincia se ha visto muy golpeada durante los últimos años, se mantiene como una de las más pobres con un 54 % de la población por debajo de la línea de pobreza, según datos del INDEC. La ciudad de Resistencia es de las más pobres de nuestro país. Y su pueblo, además de empobrecido, está desinformado".
Benítez reconoce que, en contraste con 2012, cuando se conformó un frente amplio en el que participaron organizaciones en defensa de derechos humanos, sindicatos y partidos políticos, este año no se tuvo la capacidad de reactivar las protestas durante la visita del embajador Stanley al Chaco.
Además, la suscripción de acuerdos de este tipo, que incluyo la posibilidad de aceptar donaciones, derivó en una atribución que los Gobiernos provinciales han asumido de manera discrecional.
Los Congresos nacional y provinciales, así como la Cancillería y el Ministerio de Defensa, se han mantenido al margen, sin llamar a cuentas siquiera a los Gobiernos locales que han establecido estos pactos con la Unión Americana.
Con todo, llama la atención que, en 2018, bajo la Administración de Mauricio Macri, varios funcionarios de la Administración actual —en ese momento del lado de la oposición— se pronunciaron en contra de acuerdos similares suscritos entre el Gobierno nacional y Washington.
Gabriel Fuks, en aquella época diputado por la Corriente Nacional de la Militancia (CNLM), cargó contra un convenio firmado entre el Ministerio de Defensa y la Guardia Nacional del Estado de Georgia, en el que se contemplaban programas de ayuda humanitaria en caso de desastres naturales.
En ese entonces, Fuks consideró inadmisible aceptar las colaboraciones con el Comando Sur de EE.UU., con una Junta Interamericana de Defensa o la Cuarta Flota, bajo el argumento de que era necesario mejorar las capacidades de respuesta frente a contingencias medioambientales.
Para él, dar luz verde a esos convenios representaría una violación del marco de acción de Hyogo y Sendai de Naciones Unidas, pues en este se establece que las estrategias para hacer frente a desastres naturales nada tienen que ver con la militarización.
En la actualidad, no obstante, Fuks –quien se desempeña como subsecretario de Asuntos de América Latina del Ministerio de Relaciones, Comercio Internacional y Culto– no se ha pronunciado públicamente de cara a lo que sucede en el Chaco y Neuquén.
Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!