En su primer cara a cara tras las elecciones, el presidente en funciones Pedro Sánchez le propuso por enésima vez a Alberto Núñez Feijóo que accediera a renovar antes de fin de año el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces que funciona de manera interina desde hace cinco años por imposición de su formación, el Partido Popular (PP).
Pero el líder derechista volvió a negarse, pese a que ese bloqueo es inconstitucional, ha deteriorado gravemente el funcionamiento de la justicia española y desata las alarmas en Bruselas por la creciente "politización del órgano", encargado entre otras cosas de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo (TS) y a varios del Tribunal Constitucional (TC).
Esta parálisis es la causa, por ejemplo, de que haya más de 20 vacantes en el TS y de que no se hayan podido llevar a cabo los relevos en 80 sedes de los tribunales y salas de justicia.
"Un panorama desolador"
El pasado jueves, en un discurso en el inicio del año judicial y ante el rey Felipe VI, el presidente interino del TS, Francisco Marín, desgranó "el panorama desolador" que golpea a la justicia española, que funciona según él casi "con respiración asistida", con los tribunales al borde del colapso, miles de casos sin decidirse y en un contexto de huelgas.
"¿Es compatible con la normalidad democrática un Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes según establece la Constitución, cuyos efectivos se hallan mermados en más de un 30 % y algunas de cuyas salas se encuentran al borde del colapso?", se preguntó.
Marín no disimuló su frustración. Aseguró que no renovar el poder judicial atenta contra la independencia de ese poder y contra la democracia. Pidió, sin señalar a nadie, que se dejen de lado los intereses partidarios para hallar una "solución urgente" y advirtió que los ciudadanos son las "primeras víctimas" de esta situación.
Retener la mayoría conservadora
El bloqueo se remonta a 2018, cuando después de la moción de censura que desalojó al 'popular' Mariano Rajoy y llevó al poder al socialista Sánchez (PSOE), se resistieron a renovar los 20 vocales que componen el órgano, donde se había impuesto, en el último relevo de 2013, una mayoría conservadora de jueces que con sus sucesivas trabas lograron perpetuar hasta la actualidad.
Mantuvieron de este modo, en la cúpula judicial, la mayoría que perdieron en las urnas, aprovechándose del hecho de que para renovar el CGPJ se requiere en el Congreso una mayoría de dos tercios, tanto para los 10 que designa la Cámara de Diputados como para los 10 que designa el Senado.
Y eso obliga a PP y PSOE, los dos grandes partidos de España, a entenderse.
Pero la formación conservadora ha denegado cualquier posibilidad de acuerdo –pese a que en varios momentos se había anunciado– con un variado abanico de argumentos, entre ellos que el PSOE busca favorecer el nombramiento de jueces políticamente afines a sus postulados, que no aceptaban los vocales propuestos por los socialistas o que no firmarían nada que incluyera en el reparto a la formación izquierdista Unidas Podemos.
"¿Primero renovar o cambiar la ley?"
Últimamente, Feijóo dice que, antes de renovarse el CGPJ, debe modificarse la ley del Poder Judicial, con cambios que permitan, por ejemplo, que los propios jueces sean los que nombren a parte de los vocales.
El pacto sobre el órgano de gobierno de los jueces "puede cerrarse rápido", pero siempre que se blinde su independencia, dijo el líder del PP al rechazar la propuesta de Sánchez en su reciente reunión.
La propuesta de Feijóo es justo lo contrario de lo que dice Bruselas, que en julio volvió a insistir en que ve con "preocupación" la situación de la justicia en España, y aseguró que los cinco años que lleva en funciones el CGPJ hacen que pueda "ser percibido como vulnerable a la politización".
Entre otras cosas, el Ejecutivo comunitario recomendó a España "proceder a la renovación del Consejo del Poder Judicial con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación", la reforma para adecuar el nombramiento de los vocales "a los estándares europeos".
Bloqueo político y judicial
El bloqueo judicial en España no podrá resolverse mientras dure el bloqueo político surgido de las elecciones del pasado 23 de julio, cuyos envenenados resultados hacen muy difícil la formación de gobierno tanto para Feijóo, ganador de las elecciones y a quien el rey le encargó intentarlo en primer lugar, como para Sánchez, que lo intentaría después en caso de que el 'popular' fracase.
En su reunión, antes de que Sánchez le propusiera desbloquear la cuestión judicial, Feijóo le ofreció al actual mandatario una legislatura de dos años y seis pactos de estado, a cambio de que los socialistas faciliten la investidura.
Ese mismo día, en el rechazo socialista, su portavoz Pilar Alegría se remitió al bloqueo.
"Para ofrecer distintos pactos tienes que tener una acreditada credibilidad, y hay que cumplir el más sagrado, que es el de la Constitución. El Consejo General de Poder Judicial lleva 1.727 días de parálisis, sin renovación. Quiero recordar que esa parálisis de la renovación de El Consejo General de Poder Judicial, siempre la hemos sufrido cuando el Partido Popular estaba en la oposición", dijo Alegría.