El Congreso de la República de Perú aprobó este jueves una moción para que uno de sus órganos investigue a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y, en última instancia, remueva a todos sus integrantes.
Con 84 votos a favor, 22 en contra y siete abstenciones, el pleno del Parlamento encargó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una investigación sumaria, cuyo informe debe ser presentado en siete días hábiles.
La legisladora Patricia Chirinos, única autora del proyecto, afirmó durante el debate que la JNJ "se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares y que ha incurrido en faltas muy graves".
"Con sus acciones ha demostrado estar podrida", aseguró Chirinos. "Es momento de actuar con celeridad para evitar que la JNJ siga corrompiendo impunemente nuestra democracia", añadió.
Entre sus fundamentos, en la moción N.º 7565 se expone el pronunciamiento de la JNJ sobre el juicio político contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
En su momento el organismo pidió "mayor reflexión en torno de la acusación constitucional", antes de que Ávalos fuese destituida.
La respuesta
Rápidamente la Junta Nacional de Justicia emitió un comunicado en el que rechazó la "amenaza al orden constitucional".
En el texto habló de "imputaciones falaces y carentes incluso de los más leves indicios de falta alguna" e indicó que una vez más se intimida al organismo "sin más causa que el ejercicio independiente de sus funciones constitucionales".
"La JNJ considera que la eventual remoción de sus miembros, sin un procedimiento preestablecido, sin una causal tipificada y con clamorosa carencia de fundamento, constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú", cerró.
Rechazo local e internacional
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, fue una de las primeras en pronunciarse sobre esta decisión, que tildó como "un ataque contra instituciones independientes", y que constituye una amenaza a "la democracia en Perú".
"Son muy preocupantes los intentos de sectores del Congreso de destituir a la Junta Nacional de Justicia y de la fiscal de la Nación [Patricia Benavides] de bloquear investigaciones en su contra", añadió en X.
Benavides tiene investigaciones preliminares a cargo de la JNJ que fueron suspendidas hace poco por orden de la jueza Jacqueline Tarrillo Meneses. Por esto, sectores políticos y de la prensa local hablan de "blindaje" por parte del Congreso en su favor.
Por su parte, la parlamentaria Ruth Luque —una de las que votó en contra de la moción— calificó como "inverosímil" que se pretenda remover a los miembros de la JNJ "sólo porque no les parece el pronunciamiento de exhortación que en su momento hizo".
"Interfieren políticamente contra el sistema de justicia, pues hay que recordar que la JNJ nombra y ratifica jueces y fiscales y ve procedimientos", añadió en la red social.
Mientras que la asociación civil Transparencia Perú llamó al Parlamento a "considerar las graves consecuencias de la vulneración de la institucionalidad de la JNJ".
Igualmente, recordó que en pocos meses la JNJ debe evaluar la continuidad del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y de la titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde.
"Estas decisiones podrían verse comprometidas si se concretan estas amenazas a su institucionalidad", manifestó.
En un largo comunicado, advirtió que "si al debilitamiento institucional sumáramos la eventual designación como miembros de la JNJ de personas no idóneas, o comprometidas con intereses particulares, se afectaría gravemente tanto el sistema de justicia como el sistema electoral".
Reconsideración
La congresista Sigrid Bazán presentó este jueves una reconsideración a la votación, en un texto enviado al oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno.
"¡No se puede seguir destruyendo de esta manera la autonomía de las pocas instituciones democráticas que quedan en nuestro país!", aseveró.