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¿Remoción de jueces? La investigación del Congreso a la Junta de Justicia que pone en alerta a Perú

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El nuevo ministro de Derechos Humanos consideró que la democracia y las instituciones "pueden estar en riesgo".
¿Remoción de jueces? La investigación del Congreso a la Junta de Justicia que pone en alerta a Perú

Una comisión del Congreso de la República de Perú investigará a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en un paso previo que podría culminar con la remoción total de sus integrantes. De momento, la decisión ha sido repudiada tanto a nivel local como internacional.

El jueves, el Sistema de Naciones Unidas en el Perú expresó su "preocupación" ante la autorización del pleno, al tiempo que recordó que "la separación de poderes es un principio fundamental para una democracia plena".

"La JNJ tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de la justicia en el país que incluye el nombramiento, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles, así como a quienes lideran los organismos electorales en el país", dijo.

Igualmente, mencionó que los principios básicos de las Naciones Unidas adoptadas por la Asamblea General en 1985 estipulan que "todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura".

"Solo defendiendo y garantizando los principios de separación y equilibrio de poderes se puede aspirar a consolidar una sociedad justa y democrática para el beneficio de todas las personas", cerró.

Posición gubernamental

Este viernes, el flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, fue consultado por la aprobación de esta investigación sumaria y coincidió con la inquietud de Naciones Unidas.

"Consideramos que las instituciones y la democracia pueden estar, por un lado, en riesgo y, por otro lado, porque creemos que las instituciones, en el caso de los organismos constitucionalmente autónomos, deben ser protegidas", respondió a la emisora local RPP.

En un breve contacto telefónico, Arana consideró que "las razones deben estar basadas en fundamentos que tengan validez constitucional y validez jurídica".

"Desde el Gobierno exhortamos al Congreso a que se conduzca esta investigación dentro de los cánones constitucionales, y que se haga lo que tenga que hacerse de la manera más prudente", añadió.

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