Nueve pequeñas naciones insulares —Antigua y Barbuda, las Bahamas, Santa Lucía, Tuvalu y Vanuatu, entre otras— este 11 de septiembre tienen intención de acudir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo (Alemania), para que obligue a las principales naciones contaminantes a reducir las emisiones de carbono que causan el calentamiento global, provocando la subida del nivel del mar, informa Bloomberg.
A medida que aumenta el nivel del mar, algunas de estas islas pueden quedar completamente sumergidas bajo el agua a finales de siglo.
Un futuro turbio
Ante esta situación, la Comisión de Pequeños Estados Insulares sobre Cambio Climático y Derecho Internacional (COSIS) ha decidido acudir a los tribunales en busca de justicia climática, ya que estas pequeñas naciones insulares, responsables de menos del 1 % de las emisiones de carbono, ya "han sufrido y continúan sufriendo la carga abrumadora de los impactos adversos del cambio climático" y les espera un futuro aún más turbio si no se toman medidas urgentes.
"Hemos comparecido ante este tribunal con la convicción de que el derecho internacional debe desempeñar un papel central a la hora de abordar la catástrofe que presenciamos cómo se desarrolla ante nuestros ojos", dice Metro al citar al primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Alfonso Browne. El funcionario antiguano ha subrayado que "sin una acción rápida y ambiciosa, el cambio climático puede impedir" que sus hijos y nietos "vivan en la isla de sus antepasados", a la que llaman "hogar".
Por su parte, el primer ministro de Tuvalu, Kausea Natano, ha añadido que "el nivel del mar está aumentando rápidamente, amenazando con hundir nuestras tierras bajo el océano". Natano ha subrayado que, según datos científicos, el creciente número de fenómenos meteorológicos extremos, así como la muerte de los ecosistemas marinos y costeros en aguas cada vez más cálidas y ácidas son "el resultado del cambio climático provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero".
Si la demanda de la COSIS tiene éxito, también obligará a las naciones contaminantes a ayudar en la protección de los entornos marinos que ya están dañados debido a las emisiones. La decisión se espera para principios de 2024.