La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solicitó al Estado peruano que "adopte de forma inmediata todas las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal" del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas.
En una resolución que otorga medidas provisionales, publicada el lunes, la Corte IDH requirió al Estado que "mantenga los esquemas de seguridad y protección" tanto de Salas Arenas como de su familia.
Además, pidió que continúe la investigación sobre los actos de hostigamiento y amenazas en su contra.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo que, por lo menos desde 2021 hasta la fecha, "se han venido presentado amenazas de muerte, hostigamientos, acosos, actos de agresión de colectivos y hostigamientos multitudinarios en el domicilio o centro de labores del señor Salas Arenas".
En uno de los hechos más recientes, ocurrido el 6 de julio pasado, aproximadamente 40 personas realizaron un plantón en las afueras del JNE en Lima para protestar contra la gestión de este organismo autónomo.
"No vamos a retroceder. Nuestra consigna es enviarle a la cárcel, a este prevaricador, a este fraudulento, o la muerte", aseveró en ese momento el líder del grupo radical 'los Combatientes', Roger Ayachi.
Postura congresal
Este martes el diario local Expreso publicó una entrevista con la parlamentaria Patricia Chirinos, quien fue preguntada directamente si Perú debería salir de la jurisdicción de la Corte IDH.
"Creo que deberíamos aplicar algún mecanismo internacional que nos permita de manera temporal retirarnos, aludiendo la infiltración y el uso político de la Corte IDH", respondió Chirinos.
Chirinos, quien presentó un polémico proyecto que podría culminar con la remoción total del Jurado Nacional de Justicia, se declaró "ferviente creyente de los derechos humanos", pero consideró que el tribunal regional es "espurio por haber sido politizado".
Medidas en contra
En el Congreso de la República se han presentado varios oficios que en el fondo buscan lo mismo: debilitar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Y en algunos casos, el retiro del país.
El último se produjo en la víspera, cuando el legislador Alejandro Muñante instó al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, José Jerí Oré, que no se destine ningún tipo de aporte del presupuesto del año fiscal 2024 al SIDH.
Muñante, del ultraderechista Renovación Popular, aseguró que tanto la Corte IDH como la CIDH han "excedido sus facultades y desvirtuado el propósito para el cual fueron creados".