Las agencias estadounidenses habrían encubierto los crímenes cometidos en suelo mexicano por informantes confidenciales. Los delitos incluyen narcotráfico, sobornos, tortura y asesinatos, según reveló Milenio.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, un expolicía de la institución mexicana Caminos y Puentes Federales (Capufe), que comenzó a realizar actividades criminales para el Cártel de Juárez y posteriormente se volvió un informante confidencial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por su sigla en inglés).
Como informante de ICE infiltrado en el Cártel de Juárez, Ramírez Peyro colaboró con datos clave que llevaron al arresto de unas 50 personas.
Por órdenes de Heriberto Santillán, cabecilla del Cártel de Juárez, Ramírez Peyro coordinó envíos de droga a EE.UU., y participó en la tortura, asesinato y el entierro de una veintena de cuerpos en una fosa clandestina en Ciudad Juárez, Chihuahua. Una de las víctimas fue el ciudadano estadounidense Luis Padilla Cardona.
La familia de Padilla Cardona presentó una demanda civil ante las cortes de El Paso, Texas. En la querella, sostienen que Ramírez Peyro, quien era conocido como el informante confidencial 'SA-913-EP', actuaba bajo la supervisión de los agentes García, Kramer, Compton, Bencomo y la abogada federal adjunta Juanita Fielden.
De acuerdo con Janeth Padilla, esposa de Padilla Cardona, uno de los crímenes cometidos por Ramírez Peyro "fue en realidad monitoreado y registrado por los funcionarios de ICE mientras ocurría". Esto implicaría que la agencia pudo detener la comisión de asesinatos en suelo mexicano, pero no lo hizo.
Otros informantes
Otros reconocidos informantes confidenciales de agencias estadounidenses que cometieron crímenes serían: Jesús 'El Vicentillo' Zambada Niebla, hijo del capo Ismael 'El Mayo' Zambada; el abogado del Cártel de Sinaloa, Humberto Loya Castro; y el letrado del Cártel del Golfo, Juan Guerrero Chapa, entre otros.
A raíz del asesinato de dos informantes confidenciales de la Agencia para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), el senador republicano Chuck Grassley envió una misiva a la fiscal general adjunta de EE.UU., Lisa Monaco, cuestionando las investigaciones unilaterales de la institución encargada de combatir el tráfico de sustancias, así como la protección que reciben los infiltrados por parte de la Fiscalía General, reportó el citado medio.