El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha suspendido temporalmente el proceso administrativo de la transición de poder luego de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) allanara dos instalaciones del Tribunal Supremo Electoral e interviniera al menos 160 cajas electorales con los votos de los ciudadanos, emitidos el 25 de junio.
Arévalo instó a la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, del fiscal que solicitó los allanamientos, Rafael Curruchiche, y del juez que autorizó la medida, Fredy Orellana, mostrándose dispuesto a retomar el proceso iniciado con el presidente Alejandro Giammattei solo cuando se reestablezcan "las condiciones políticas necesarias".
"En asociación perversa, han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en proceso que iniciaron al finalizar la primera vuelta electoral, otorgando un disfraz judicial a una acción política y espuria del partido UNE", declaró Arévalo en rueda de prensa, haciendo referencia al partido perdedor de la segunda vuelta electoral de la candidata Sandra Torres.
Tras el anuncio del presidente electo, el Gobierno de Guatemala comunicó que es una decisión que respeta, pero que no comparte, "pues se realizó derivado de acciones ajenas al Organismo Ejecutivo que no interfieren con el proceso que se había desarrollado a la fecha". "Reiteramos nuestra firme disposición de retomar inmediatamente el proceso de transición en el momento en que las autoridades electas lo soliciten", agregó.
Según la Constitución de Guatemala, el presidente electo debe tomar posesión de su cargo el próximo 14 de enero. Con su decisión de suspender la transición, Arévalo explicó que "de ninguna manera obstaculiza la continuidad del proceso legal de transmisión del poder" que está fijado constitucionalmente. Lo que causará, matizó, es un ajuste en la transferencia de información planteada.
¿Qué pasó?
El partido de Arévalo, el Movimiento Semilla, enfrenta una indagación de la Fiscalía por presuntas irregularidades en las firmas presentadas para su formación. El martes por la mañana, los fiscales intensificaron sus investigaciones y el Tribunal Supremo Electoral confirmó que abrieron las cajas con los votos de los ciudadanos, pese a que según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional, solo pueden manipularlas el propio tribunal y las juntas receptoras de votos.
"Esto es algo sin precedentes, la ley no establece procedimiento para esto. El escrutinio es exclusivo de las juntas receptoras de votos el día que se realizan las elecciones", afirmó ante periodistas la directora electoral del tribunal, Gloria López, quien señaló también que el contenido de cada caja no está digitalizado.
"En este momento, al ser secuestradas, si es que se da el caso que se las lleve el Ministerio Público... el TSE pierde la custodia de las cajas electorales y prácticamente ya no tendríamos responsabilidad de las mismas", resumió.
El pleno del Tribunal Supremo Electoral también cuestionó el actuar de la Fiscalía y denunció que su "intencionalidad no es garantizar la voluntad popular, sino generar incertidumbre y dudas sobre un proceso que es propiedad de los ciudadanos". El TSE agregó que las acciones adoptadas este martes vulneraron "a cadena de custodia del voto".
A su vez, Irma Palencia, presidenta del TSE, informó que la máxima autoridad electoral del país está analizando las acciones legales a emprender. "De verdad, fue grotesco ver algunas fotografías donde se ve en una superficie las distintas bolsas que tienen color; identificamos que fueron las boletas que contienen los votos", dijo.
- Según el director del Centro de Estudios de Guatemala, Sandino Asturias, las acciones de la FECI son un "intento de un golpe de Estado judicial", mientras el país atraviesa por "un desgaste institucional".
Con información de AP