El Gobierno de Suecia ha mostrado este miércoles dudas acerca de la incorporación del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea, que podrían ser utilizadas en, entre otros organismos, el Europarlamento.
Se trata de una propuesta de España, que el pasado agosto, por medio de su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, remitió una carta a la Presidencia del Consejo de la UE, solicitando la modificación del reglamento 1/1958 para incluir las tres lenguas que son oficiales en varias regiones del país.
El asunto se discutirá el próximo martes, 19 de septiembre, en el Consejo de Asuntos Generales de la UE y requiere la unanimidad de los 27 Estados que componen el bloque comunitario, de manera que no saldría adelante si se encuentra con la oposición de tan solo uno de ellos.
Estocolmo todavía no ha emitido una posición final, como recogen diversos medios, como La Vanguardia, y quiere estudiar los efectos que tendrá en los presupuestos comunitarios y en el funcionamiento de las instituciones del bloque.
El reglamento lingüístico de la UE se aprobó en 1958 y recoge en la actualidad 24 idiomas oficiales, el último de ellos en incluirse fue el gaélico, en 2022. Así, Irlanda se convirtió en el primer país que incorporó uno de sus idiomas con posterioridad a su inclusión en el bloque.
Una demanda europea en clave nacional
La iniciativa española, de alcance europeo, tiene una motivación en clave nacional. Se trata de uno de los acuerdos que el Partido Socialista, que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, alcanzó con el partido catalán independentista Junts per Catalunya, para constituir la Mesa del Congreso tras las elecciones celebradas en julio y que dio su presidencia a la socialista Francina Armengol.
Además, las negociaciones entre socialistas y Junts continúan, pues los primeros necesitan los votos de los siete diputados que tienen los segundos en el Congreso, para lograr investir a Pedro Sánchez otra vez como presidente.
No es la única exigencia del partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, que ha puesto como condición necesaria la promulgación de una ley de amnistía para todos los procesados por el referéndum ilegal de independencia que se celebró en Cataluña en octubre de 2017.
La cuestión lingüística en Europa pondría un nuevo palo en la rueda de las conversaciones, que están resultando complicadas y que cuentan con una virulenta reacción de los partidos de derecha y ultraderecha, así como de algunas de las figuras históricas del socialismo español, por ejemplo, el expresidente del Gobierno Felipe González y el exvicepresidente Alfonso Guerra.