El rompecabezas español: amnistía, pactos, protestas y un primer intento de conseguir presidente

La negociación sobre la amnistía a los procesados por el referéndum de autodeterminación ilegal celebrado en Cataluña en octubre de 2017 está poniendo en pie de guerra en España a los partidos de derechas y al bloque más conservador del Partido Socialista.

Las conversaciones se llevan a cuatro bandas. Por un lado se encuentra el Partido Socialista y Sumar, formaciones que esperan revalidar la coalición de Gobierno progresista de la pasada legislatura; mientras que enfrente tienen a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que ya ha asegurado su apoyo a los socialistas, y Junts per Catalunya, la formación del expresidente catalán Carles Puigdemont, mucho más beligerante.

Mientras, se suceden declaraciones de personalidades en contra de cualquier acuerdo que contemple la amnistía. El Partido Popular (PP) ha convocado una manifestación como protesta en víspera de la sesión de investidura a la que se presentará su líder, Alberto Núñez Feijóo, dando el mensaje que no fructificará y que Pedro Sánchez tendrá la oportunidad de continuar con las negociaciones para asumir nuevamente el Gobierno.

La ofensiva del Partido Popular

El Partido Popular, formación que obtuvo el mayor número de votos y de escaños en las elecciones que se celebraron el 23 de julio, se encuentra ya en plena ofensiva.

Da por hecho que su intento de lograr la investidura como presidente de su líder, Alberto Núñez Feijóo, el próximo 26 de septiembre, no fructificará al no contar con los apoyos necesarios, puesto que solo logra sumar los escaños de la formación de ultraderecha Vox y los dos únicos escaños de dos partidos minoritarios.

Así las cosas, su estrategia comporta una doble vertiente, por un lado presionar al Partido Socialista, sobre todo aludiendo a su sector más conservador, para que le permita gobernar, absteniéndose en la votación que tendrá lugar dentro de diez días, vía que se contempla prácticamente impracticable; y por otro, lograr que Sánchez tampoco reúna los respaldos que necesita y se repitan las elecciones, donde prevén que podrían salir bien parados.

En este escenario, el PP pretende aprobar mociones censurando las negociaciones sobre la amnistía en todos los Ayuntamientos que controla, una mayoría después de los comicios municipales celebrados el pasado mayo; así como convocar una cita en el Senado, Cámara en la que tienen mayoría, para provocar que todos los presidentes regionales se tengan que retratar sobre este asunto.

Este miércoles ha ido más lejos y ha convocado una protesta en Madrid para los próximos días 23 y 24 de septiembre. Según ha anunciado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se trata de "un gran acto para que la sociedad pueda participar del rechazo a cualquier instrumento que fuera de la ley Sánchez pueda promover para conseguir una serie de votos a cambio de poder".

Los barones socialistas

La reacción del PP encuentra caldo de cultivo en varios barones regionales del Partido Socialista y en algunas de sus figuras históricas. El primero en abrir la veda de las críticas la semana pasada fue el expresidente del Gobierno, Felipe González.

El exmandatario socialista, muy crítico con Pedro Sánchez desde hace años, se desmarcó la semana pasada asegurando que "la Constitución no es un chicle, no cabe la amnistía ni la autodeterminación".

En una entrevista en la radio Onda Cero, aseveró que "los cimientos de nuestra democracia y convivencia están siendo atacados" y aseguró que le costó "votar al Partido Socialista en las últimas elecciones". "Obviamente que el proyecto, o lo que parece el proyecto de una mayoría progresista, no me gusta", espetó sobre el diseño de país que encarna Sánchez.

Dos días después fue el turno de quien fuera vicepresidente con González, Alfonso Guerra, que declaró: "Esta amnistía es la condena de la Transición, pido que no la hagan porque es muy  grave", al ser preguntado en la Cope al respecto. "Me rebelo", sostuvo, contra una propuesta que dice que "no cabe en absoluto en la Constitución". Además, calificó de "infamia" el encuentro de la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, con Puigdemont en Bruselas.

Tras las declaraciones del jueves de Guerra, el viernes llegó el turno del expresidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, que también sostuvo que una ley de amnistía no cabe "ni de lejos" en la Constitución española y que "introduciría en una deriva muy peligrosa a los españoles" porque "abriría una vía de agua en la nave constitucional que podría llevarla a pique", según recoge La Vanguardia.

José María Aznar

Uno de los últimos en sumarse a estas críticas ha sido el expresidente del Gobierno, José María Aznar, del Partido Popular, que defendió la postura que hasta la fecha ha recabado más rechazo, al comparar la posible futura amnistía con la banda terrorista ETA, responsable de más de 800 asesinatos y más de 2.600 atentados.

Además, Aznar, en un acto en la Fundación FAES, pidió "plantar cara con toda la determinación" a las exigencias del independentismo, animando a una movilización general, porque sostiene que suponen desmantelar la Constitución y legitimar una "intentona golpista". También declaró que "la entrega del socialismo al secesionismo" a cambio de "mantener el poder" es "el hecho más destructivo" que ha padecido la democracia. "Son tiempos dramáticos, porque existe un riesgo cierto existencial para la continuidad de España como nación".

Varios miembros del Gobierno salieron a criticar estas declaraciones, tachándolas de golpistas. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, dijo en rueda de prensa: "Es de absoluta gravedad que un expresidente haga este tipo de declaraciones. Son más propias de comportamientos antidemocráticos y golpistas. Son incompatibles con valores democráticos de nuestro país".

Desde el Gobierno se da por descontado una gran movilización de la derecha, similar a la que ya llevó a cabo en 2010 tras la reforma del estatuto de autonomía de Cataluña impulsada por Zapatero. De hecho, esa movilización, la posterior recogida de firmas del PP contra la nueva norma y su impugnación ante el Tribunal Constitucional fueron el pistoletazo de salida para el gran crecimiento del sentimiento independentista en Cataluña que acabó desembocando en la convocatoria del referéndum de autodeterminación ilegal en 2017.

Las negociaciones

De momento no se conocen exactamente en qué punto se encuentran las negociaciones y cuál sería el texto exacto de la ley de amnistía que exige Junts. El partido más favorable a esta propuesta es Sumar, liderado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, que lo considera una manera de dar por zanjado el 'procés' catalán.

Desde el Partido Socialista no hacen ninguna declaración al respecto, más allá de que todos los acuerdos se alcanzarán en el marco de la Constitución, aunque se da por hecho que se están manteniendo contactos discretos.

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La exigencia del partido de Puigdemont es amnistiar a todos los procesados por el referéndum de 2017, que se consideran que serían entre 600 y 1.000 personas. Se cree que el texto propuesto sería muy similar al que las dos fuerzas independentistas, Junts y ERC, presentaron, sin éxito, al Congreso en 2021.

No se espera que trasciendan grandes avances hasta que no concluya la sesión de investidura que enfrentará Núñez Feijóo a partir del próximo 26 de septiembre, que prácticamente se da por fracasada, cuando será el momento de Sánchez de intentar revalidar el cargo si cuenta con los apoyos necesarios.

El bloque de la derecha ha conseguido aglutinar 172 escaños, mientras que el progresista ha reunido 171, de manera que para superar al conservador necesita irremediablemente del apoyo de los 7 asientos que Junts consiguió en los pasados comicios. 

Pacto o repetición electoral

El pacto con Junts se presenta inevitable si no se quiere abocar al país a una repetición electoral, como ya sucedió en 2016 y 2019, lo que conduciría a elecciones generales por sexta vez en menos de nueve años.

Aunque Puigdemont ha repetido en varias ocasiones que sus exigencias son inamovibles y que no le temblará el pulso si finalmente deben repetirse los comicios, no está claro que en este escenario no acabe rebajando sus expectativas de cara a alcanzar un pacto.

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En una hipotética futura repetición de elecciones existen posibilidades de que los partidos independentistas continúen perdiendo músculo en las instituciones, como ha sucedido en las últimas citas con las urnas, y que sus votos terminen siendo irrelevantes.

También cabe el riesgo de que los nuevos resultados hagan que derecha y ultraderecha sumen, algo que sería contraproducente para los partidos catalanes, puesto que PP y Vox son contrarios a todas sus políticas identitarias.

En cualquier caso, el rompecabezas se armará en los dos meses siguientes al 27 de septiembre. En ese tiempo, uno de los candidatos deberá de ser investido presidente y de no ser así, el reloj para los nuevos comicios, que se celebrarían el domingo 14 de enero, se pondrá en marcha.

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