La decisión de las jugadoras españolas de no jugar con la selección de fútbol mientras no se realicen cambios estructurales en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) les podría acarrear sanciones en caso de que sean oficialmente convocadas y no vayan, informó este viernes el diario Marca.
Según la actual Ley del Deporte del país ibérico, aprobada en 2022, los deportistas que integran una federación deportiva tienen la obligación de acudir a las convocatorias de las selecciones cuando sean debidamente citadas, tal y como lo establece el artículo 23.
El artículo 104 señala que "la falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales, así como la no puesta a disposición de las selecciones nacionales de las personas deportistas que hayan sido designadas para formar parte de las mismas", supone una infracción "muy grave".
Asimismo, el artículo 108 indica que las infracciones de carácter muy grave podrían sancionarse con multas de entre 3.000 y 30.000 euros (unos 3.202 y 32.020 dólares), la prohibición de acceso a los estadios o lugares de desarrollo de las pruebas o competiciones por un tiempo no superior a cinco años, o la suspensión de la licencia federativa por un período de dos a 15 años.
Rechazo de las futbolistas
Cabe mencionar que, de acuerdo con el artículo 114 de la mencionada ley, el no acudir a una convocatoria debe ser investigado y, de ser el caso, sancionado por el Tribunal Administrativo del Deporte a instancia del Consejo Superior de Deportes y de su Comisión Directiva.
El 15 de septiembre, un grupo de 39 jugadoras —entre ellas 21 campeonas del mundo— publicó un comunicado en el que manifiestan que rechazan ir con el combinado nacional. Poco después, la RFEF anunció que la lista de convocadas que iba a darse a conocer se retrasaba, sin detallar una nueva fecha.
España tiene que jugar el viernes de la semana que viene ante Suecia, y cuatro días después contra Suiza, en el marco de la fase de grupos para lograr un puesto en la final a cuatro de la UEFA.