Perú no descarta suspender "ciertos derechos constitucionales" ante el "momento de quiebre"

El Gobierno de Perú podría suspender "ciertos derechos constitucionales" durante el estado de emergencia declarado en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana, avanzó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

"Se va a suspender el ejercicio, de ser necesario, de ciertos derechos constitucionales para procurar que la Policía pueda intervenir en los locales, en los domicilios y ahí donde la inteligencia policial detecte la presencia de organizaciones [criminales] y mafias", dijo.

Entrevistado el lunes en el programa 'Nunca es Tarde', que emite la emisora local RPP, el exministro de Defensa aseguró que en el Ejecutivo han "escuchado el clamor" de las autoridades locales y de la población en general.

"Ha llegado un momento de quiebre en el país. En San Juan de Lurigancho se han dado 96 asesinatos en las últimas semanas y existe una situación que se están poniendo granadas en locales y creo que hay una situación de hartazgo en la ciudadanía", afirmó Otárola.

Sumado a esto, precisó que la meta es dar "golpes contundentes a las mafias", así como "bajar ostensiblemente el nivel de robos y homicidios". Con base en los resultados, no descartan extender estas medidas a otras localidades de Perú, aclaró.

Denuncias personales

Dos programas dominicales divulgaron sendos reportajes sobre Otárola que han llamado la atención en el país andino. 'Punto' Final reveló que el 11 de diciembre de 2022, un día después de una protesta en Apurímac, donde murieron seis personas, hubo "una reunión secreta que no aparece en los registros oficiales".

El entonces titular de Defensa había pautado un encuentro con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, y con el comandante general de la Policía Nacional, general Raúl Alfaro, según Latina.

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"El día que dijeron que se produjo esa reunión, esa reunión se produjo con personas de la alta dirección del Ministerio de Defensa, no se produjo con altos mandos militares", respondió Otárola, quien achacó el hecho a un "error en el registro".

Otárola es investigado en el mismo caso que afronta la mandataria peruana Dina Boluarte por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, a causa de las muertes durante las manifestaciones antigubernamentales.

Contratos en la mira

El lunes también fue consultado por otra polémica: Panorama develó que el presidente del Consejo de Ministros había recibido hace unos meses en su despacho a dos "amigas" que luego obtuvieron cuantiosos contratos con el Estado.

Sobre esto, Otárola contestó que "no se ha cometido ningún acto irregular" e indicó que no tiene ninguna amistad con estas mujeres. "Las conocí en una reunión y no las he vuelto a ver más", aseveró.

"Hemos hablado de varias cosas, pero muy puntuales y ninguna de ellas tiene relación con ningún servicio para el Estado (...) hay temas más importantes que discutir en el país", agregó.

Se suma la Fiscalía

Este martes, la Fiscalía de la Nación realizó diligencias en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, en Lima, para verificar documentos sobre esta contratación que le atribuyen a Otárola.

Recabaron información por las órdenes de servicio irregulares, de más de 50.000 soles cada una (alrededor de 13.500 dólares).

Además, la Contraloría General de la República designó en la víspera unos equipos para recabar información sobre estas órdenes de servicio, reportó el diario El Comercio.