Las muertes en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de coronavirus, en la primavera de 2020, serán investigadas por la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
La resolución, que se tomó el miércoles de esta semana, permitirá que se esclarezcan los casos de más de 7.000 ancianos que murieron en esos centros sin recibir asistencia sanitaria. Los familiares y allegados de las víctimas llevan más de tres años luchando por llevar ante los tribunales a las autoridades regionales, a las que consideran como responsables.
La petición partía de Marea de Residencias, una de las asociaciones en las que se han organizado los familiares de los fallecidos. Dos de sus portavoces, María Jesús Valero y Carmen López, fueron las responsables de exponer ante la comisión su petición.
"Fueron víctimas de un sistema caduco y perverso que era el sistema de cuidados y el sistema de las residencias", relató López durante una intervención en la que aseguró que "la pandemia sacó a la superficie todo lo que había detrás de las residencias", que los familiares llevaban años denunciando.
López, que tildó de "masacre" lo ocurrido en las residencias, aseveró que la situación "fue consecuencia en gran medida de la situación anterior que existía" en esos recintos, caracterizados por la precariedad, falta endémica de personal, décadas de infrafinanciación y una mercantilización del servicio, mediante la concesión de plazas públicas a empresas privadas, que derivaron en una panorama de hacinamiento para los usuarios.
El debate estuvo marcado por la negativa del Partido Popular Europeo, en el que se incluye en Partido Popular (PP) de España, y los Conservadores, que engloban a la extrema derecha española (Vox). Finalmente, socialistas, verdes, izquierda y liberales han inclinado la balanza a favor de llevar a cabo la investigación.
El protocolo de la vergüenza
En los primeros compases de la pandemia, entre marzo y abril de 2020, murieron en Madrid 7.291 personas mayores sin recibir asistencia sanitaria, debido a un protocolo establecido en la Comunidad de Madrid que impedía trasladar a centros hospitalarios a los residentes más vulnerables. Ese documento se conoce como 'el protocolo de la vergüenza'.
Quien era en aquella época Consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad del Gobierno regional, Alberto Reyero, plasmó todo lo sucedido en un libro titulado "Morirán de forma indigna", una de las frases que usó en aquellas fechas en los correos electrónicos que dirigió a otros Consejeros y altos cargos de la Comunidad de Madrid para expresar su preocupación.
"Por el simple hecho de estar en una residencia e ir en silla de ruedas eso ya te excluía, no te permitía ir a un hospital. Igual que ocurría con personas con discapacidad, como una persona con síndrome de Down con 20 años".
Él era el encargado de las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia, cuando murieron 9.468 residentes, un 77 % sin ser trasladados a un hospital, en algunos casos sin asistencia sanitaria de ningún tipo, y prácticamente en completa soledad, debido al confinamiento de la población y a la prohibición de visitas de familiares.
"Se tomaron decisiones que no son éticas, en las que las personas mayores tienen menos valor que el resto de ciudadanos", contaba Reyero el pasado sábado, en la segunda jornada de la comisión ciudadana impulsada por las plataformas Marea de Residencia y Verdad y Justicia, con el objetivo de buscar la reparación para las víctimas, presidida por el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín.
El polémico documento establecía un triaje que no tenía en cuenta la capacidad de supervivencia desde el punto de vista clínico. "Por el simple hecho de estar en una residencia e ir en silla de ruedas, eso ya te excluía, no te permitía ir a un hospital. Igual que ocurría con personas con discapacidad. Una persona con síndrome de Down, con 20 años, directamente no entraba dentro de los requisitos", resumía el exconsejero en una reciente entrevista.
Reyero compareció el pasado mes de junio por segunda vez ante un tribunal, confirmando la existencia del documento. El testimonio del exconsejero fue entonces ratificado por Yolanda Fuentes, que a la sazón era directora general de Salud Pública.
Reyero dimitió en octubre de 2020, por desacuerdos con la gestión de las residencias, mientras que Fuentes dejó su cargo en mayo de 2020, tras rechazar el empeño de la presidenta madrileña de que la región accediese a la fase 1 del plan de desescalada del Ministerio de Sanidad, lo cual, en su opinión, era un paso precipitado.
Más allá del protocolo
Otros problemas, apuntados por el propio Reyero y otros expertos, dieron lugar a la dramática situación. Por ejemplo, los recursos humanos se resintieron en esa primera ola, de manera que las residencias sufrieron hasta un 40 % de bajas laborales.
"Tenías el personal médico para medicalizar las residencias, lo envías a Ifema y a los que están muriendo no los envías ahí"
Además, la anunciada medicalización de las residencias, lugares para cuidar y no para curar, como apuntaba el Consejero de Políticas Sociales, nunca llegó. De hecho, el sistema empleado en esos primeros meses, en vez de aportar profesionales sanitarios a estos centros, los restaba, enviándolos, por ejemplo, al Ifema, el hospital de campaña montado durante esas primeras semanas, que se dedicó a atender casos más leves.
Por otra parte, los centros de mayores venían sufriendo desde hacía años las consecuencias de la austeridad decretada tras la crisis financiera de 2008, que conllevó recortes sociales y sanitarios, lo que se notó aún más en la falta de trabajadores y de recursos materiales en un momento crítico.
El periodista de Infolibre, Manuel Rico, que ha seguido el tema desde su inicio y fue el responsable de la revelación de las distintas versiones del protocolo, que comenzó a circular el 18 de marzo de 2020, ha expuesto en reiteradas ocasiones esos otros factores que propiciaron la dramática situación: la falta de medicalización de las residencias y la ausencia de vías alternativas.
Rico sostiene que en ese periodo "solo había un grupo con el que medicalizar las residencias de Madrid, que eran los profesionales de atención primaria". Sin embargo, los más de 1.000 sanitarios destinados a esa tarea no se trasladaron a los centros de mayores, sino a Ifema.
En las únicas seis semanas en que Ifema se mantuvo abierto, murieron en los centros de mayores más de 5.000 personas. Pero los responsables de la Comunidad de Madrid decidieron no trasladar a ningún residente grave al hospital de campaña y tan solo se derivaron 23 personas de dos únicas residencias, con síntomas leves.
"Tenías el personal médico para medicalizar las residencias, lo envías a Ifema y a los que están muriendo no los envías ahí", resume el periodista.
"No se envío a hospitales privados a una sola persona que no tuviese un seguro privado, cuando había camas libres según la patronal"
El otro elemento fundamental que menciona Rico son las alternativas que no se utilizaron, como los hospitales privados, después de que se decretara un mando único y estos pasaran a depender de lo público: "No se envió a una sola persona que no tuviese un seguro privado, cuando había camas libres según la patronal".
La respuesta de la Comunidad de Madrid
Los responsables de la Comunidad de Madrid, con la presidenta Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, todavía no se han reunido con los familiares de las víctimas de las residencias más de tres años después, a pesar de las reiteradas peticiones.
En la Asamblea de Madrid se llegó a abrir una comisión de investigación. Se constituyó el 6 de julio de 2020, pero solo pudo celebrar ocho sesiones con 21 comparecencias, ninguna de personal de las Consejerías se Políticas Sociales o Sanidad. Su cierre se produjo cuando, en mayo de 2021, Díaz Ayuso ganó las elecciones regionales con mayoría absoluta.
La propia Díaz Ayuso llegó a decir en una entrevista en televisión: "Yo no quiero que se abra una Comisión de investigación para decirle a las familias que la muerte de su familiar se podía haber evitado, porque es mentira".
Sin noticias de la Justicia española
Amnistía Internacional denunció en marzo la desidia de España para investigar las muertes en las residencias en su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en 2022.
La ONG denunció que el país no investigaba adecuadamente las muertes de los ancianos institucionalizados, destacando que se habían archivado el 90 % de las denuncias presentadas ante la Fiscalía.
También criticaban que el drama vivido no había servido para cambiar la situación sanitaria, que continúa teniendo un déficit de inversión en la atención primaria, lejos del 25 % del presupuesto de sanidad recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Lo mismo sostienen desde Marea de Residencias, que denuncian que tres años y medio después de las muertes "la impunidad es total, no se investiga, no se hace justicia, no hay reparación, y por tanto la historia podría volver a repetirse en un futuro", según una nota de prensa difundida por la organización.
Uno de los pocos frentes abiertos ante la Justicia española fue la admisión a trámite en el Tribunal Supremo, el pasado mes de agosto, del recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Leganés contra la Comunidad de Madrid. Acusa al Gobierno regional de inactividad al no medicalizar las residencias de mayores.