No ha terminado y septiembre ya es un mes especialmente marcado por la violencia en Bahía, uno de los puntos turísticos y más poblados de Brasil. Al menos 46 personas han fallecido, y la mayoría en operaciones policías en barrio periféricos de Salvador, la capital.
El último episodio violento se registró el sábado cuando cinco sospechosos murieron en enfrentamientos con la Policía Militar en la ciudad de Crisópolis. Un día antes, otras seis personas, sospechosas de integrar facciones criminales, fueron abatidas.
El estado, gobernado desde 2007 por el Partido de los Trabajadores (PT), afronta uno de los momentos más graves en gestión de seguridad.
En 2022, Bahía lideró el ranking de muertes violentas -en las que se incluyen feminicidios- con casi 7.000 asesinatos, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública.
Además, de los 6.429 fallecidos en intervenciones policiales registrados en todo Brasil, 1.464 ocurrieron en Bahía, una media de 112 por mes.
El coordinador de la Red De Observatorios de Seguridad Pública de Bahía, Eduardo Ribeiro, aseguró que el 98 % de los muertos por la Policía en Salvador eran negros.
Alianza entre facciones
El secretario de Seguridad Pública de Bahía, Marcelo Werner, afirmó hace varias semanas que la guerra entre facciones es la principal causa de violencia en el estado.
"Es una realidad nacional. Las grandes facciones del país se han asociado cada vez más con facciones locales. Esto no es exclusivo de Bahía. La asociación ocurre para suministrar drogas y armas, y de esta manera, las facciones nacionales terminan transmitiendo el 'modus operandi' a las locales", detalló.
Estas alianzas han abierto nuevas rutas para el tráfico de drogas y armas, mientras que se han intensificaron las disputas territoriales, que afectan directamente a las personas que viven, especialmente, en los barrios periféricos.
La organización no gubernamental Instituto Fogo Cruzado calcula 11 niños (dos muertos y 9 heridos) fueron alcanzados por balas en 2023. A pesar del alto número de fallecidos, Werner descartó una intervención federal.
"El gobierno estatal está actuando"
En la misma línea, se manifestó este fin de semana el ministro de Justicia, Flávio Dino, quien consideró que esta medida debe desplegarse cuando exista una falta de acción por parte del gobierno del Estado.
"No se considera por una razón: el gobierno estatal está actuando. La intervención federal solo es posible cuando es claro e inequívoco que el aparato estatal no hace nada", aseveró.
La Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía crearon en agosto la Fuerza Integrada de Combate al Crimen Organizado (FICCO), de los gobiernos estatal y federal, para frenar la guerra entre facciones, las masacres y el aumento de la letalidad policial.
"Las organizaciones criminales se han fortalecido mucho en los últimos años, se aumentó el acceso a armas en todo Brasil, debido a una política equivocada", dijo el ministro, en un clara referencia a las medidas de flexibilización armamentísticas desplegadas durante la gestión del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Por su parte, el ministro de la Casa Civil, Rui Costa (PT), dijo este lunes que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva quiere crear una política conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Federal para combatir el flujo de fusiles y otras armas pesadas en Brasil.
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