Con 42 votos a favor y 21 en contra, el pleno del Senado de Brasil aprobó este miércoles un texto base de proyecto de ley del "marco temporal" para la demarcación de las tierras indígenas.
A espera de que se discutan los detalles, el proyecto aprobado refiere que los pueblos indígenas solo podrán reclamar la propiedad de las áreas que ocupaban de forma permanente antes del 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución.
De acuerdo con el texto, en caso de no comprobar su presencia en los territorios en esa fecha, los grupos indígenas podrían ser expulsados de sus tierras.
Medios locales recogen que si la iniciativa legislativa es aprobada definitivamente, será remitida al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien podrá refrendarla o vetarla.
Poderes en pugna
El proyecto constituye una respuesta al fallo del Supremo Tribunal Federal (STF), que el pasado jueves dictaminó que el "marco temporal" invocado desde el Legislativo para frenar la demarcación de territorios indígenas, es contrario al marco constitucional.
En particular, la sentencia alega que "la adopción de un marco temporal viene a legalizar el proceso histórico de más de 500 años de colonización, genocidio y expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, que se remonta a tiempos muy anteriores a 1988".
La decisión, que partió de un caso en el estado de Santa Catarina, fue ampliamente celebrada por representantes de los pueblos originarios y refutado por el Frente Parlamentario Agropecuario, un poderoso lobby derechista aliado del expresidente Jair Bolsonaro (2018-2022) ligado al agronegocio.
Sus reclamos fueron acompañados por las bancadas de casi una veintena de partidos de derecha, que acusaron al STF de usurpar las funciones del Parlamento.
Pedro Lupión, líder del Frente Parlamentario Agropecuario, dijo a la prensa que la Constitución "establece claramente los roles y responsabilidades de cada poder, y que los parlamentarios, como representantes democráticamente elegidos del pueblo, tienen el deber de legislar y proteger los intereses del pueblo".
Tras el éxito en la votación, el bloque aseveró que "es una victoria de todos los brasileños, [de las] familias que cada vez quieren más dignidad, seguridad jurídica y derechos de propiedad".
Por su lado, el Ejecutivo también jugara un rol importante en este conflicto, pues la gestión ha destinado esfuerzos para frenar la desforestación en la Amazonía, de la mano con los pueblos originarios, considerados por los ambientalistas la barrera más eficaz para poner fin a la depredación ambiental.
En este sentido, el politólogo Bruno Lima Rocha alertó de los intereses económicos que impulsaron el avance del proyecto contra los indígenas en el Senado de Brasil. Asimismo, destacó que el país enfrenta una crisis entre los poderes teniendo en cuenta la diferencia de posturas entre las tres esferas del Estado.