El Supremo y el Congreso de Brasil chocan por el reconocimiento a tierras indígenas: ¿y ahora qué?

Como era de esperar, el conservador Congreso de Brasil, dominado por una mayoría de terratenientes y ganaderos, aprobó una ley que establece un polémico criterio rechazado la semana pasada por la Corte Suprema, para limitar el reconocimiento de las tierras indígenas. La jugada, sin duda, abre un nuevo conflicto entre poderes.

Fue un jarrón de agua fría vertido de manera exprés el miércoles por la noche sobre los nativos: primero aprobaron el proyecto de ley en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado y, poco después, lo embutieron sin previo aviso en el orden del día del plenario de la cámara alta, donde lo sellaron con holgura.

El texto, promovido por la poderosa bancada conocida como 'buey, Biblia y bala', valida el criterio que determina que los pueblos ancestrales pueden ser expulsados de sus tierras en proceso de demarcación, en caso de que no demuestren que se encontraban en ellas antes de 1988.

Ese mismo criterio fue rechazado el pasado jueves por 9 de los 11 jueces en una histórica sesión en el Supremo Tribunal Federal (STF), que desató una gran alegría entre los indígenas. Con cánticos y bailes, expresaron su alivio por haberse sacudido un gran peso de encima. 

El asunto es muy delicado, porque afecta a unas 250 tierras en disputa, de las 750 reservas existentes, sean reconocidas o no.

Y es un divisor de aguas. Para los ruralistas, que son sinónimo de bolsonarismo y buscan amasar nuevas tierras para el agronegocio, ese criterio pondría fin a infinitud de disputas territoriales y contribuiría a pacificar el campo.

Los indígenas, apoyados por el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), sostienen que en varios periodos fueron desplazados de sus territorios, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985), así que en muchos casos les sería imposible determinar su presencia en 1988.

La pelota del campo de Lula

Lo que viene ahora es incertidumbre mientras se dirime el conflicto entre poderes. El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, aseguró que la aprobación en el Congreso no representa un "enfrentamiento" porque es "natural" que el poder legislativo quiera opinar el respeto.

Pero ahora la pelota está en el campo de Lula, que tiene que decidir que si sanciona o veta total o parcialmente ese controvertido proyecto.

Si se decide por lo primero, la ley, o por lo menos ese criterio, será probablemente impugnado en el STF y la normativa sería declarada de nuevo inconstitucional.

Si opta por lo segundo, su veto debe volver al Congreso, que puede aceptarlo o rechazarlo. Varios analistas sostienen que el mandatario izquierdista, que hizo de la preservación ambiental una de sus banderas, probablemente lo vete.

"Senado genocida (...). La Apib pide el veto de Lula al proyecto. La lucha continúa", escribió en las redes sociales la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil.

"El STF, el último guardián de la constitución"

Para Wallace Corbo, profesor de derecho en la Fundación Getulio Vargas, el proyecto de ley "contraría frontalmente una decisión y una interpretación del Supremo sobre la Constitución".

"El STF es el último guardián de la constitución (...). No cabe al Congreso nacional, por medio de una legislación, alterar derechos reconocidos en el texto constitucional", aseguró en una entrevista con Globonews.

Previendo otro revés de Lula o del STF, los ruralistas promueven en paralelo una propuesta de enmienda a la constitución (PEC) para fijar el "marco temporal" sin tener que rendir cuenta al STF. Las PEC son más difíciles de aprobar, ya requieren el apoyo de tres quintas partes de diputados y senadores, pero no necesitan la sanción presidencial.

"Detrás de esto hay una cuestión ideológica: el Tribunal Supremo toma decisiones más de vanguardia, y la bancada 'BBB', que es 'buey, biblia y bala', intenta garantizar retrocesos",  explicó también a Globonews la analista Eliane Cantanhêde.