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Despliegan 2.000 uniformados en la provincia ecuatoriana de Guayas para combatir el crimen organizado

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El presidente Guillermo Lasso anunció el ingreso de 800 uniformados en la Penitenciaría del Litoral para desarmar a las pandillas que operan dentro de la prisión.

Las autoridades de Ecuador han desplegado unos 2.000 policías y militares en la ciudad costera de Durán y una prisión en la provincia de Guayas para combatir el crimen organizado y la violencia armada que azota al país sudamericano, informa AP. 

Unos 800 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía de Ecuador entraron en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, para "hacer un control de armas, municiones y explosivos con el objetivo de desarmar a las organizaciones delictivas" que controlan la prisión, según comunicó el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.

"Vamos a seguir, hasta el último día de gobierno, luchando contra los grupos criminales que generan violencia dentro y fuera de las cárceles", tuiteó el mandatario.

Simultáneamente, se informó del arresto de cinco presuntos miembros de un grupo delictivo que circulaban en un vehículo con un arsenal de armas de fuego y municiones. Según medios locales, se les incautó nueve armas de fuego, seis artefactos explosivos, seis chalecos antibalas, alimentadoras y cartuchos, entre otros elementos.

Los operativos se dan luego que el presidente Lasso extendiera el estado de excepción declarado en julio por 60 días debido a la delicada situación en el país. Como consecuencia del auge del narcotráfico en Ecuador, se registran motines y enfrentamientos entre bandas, a menudo con decenas de víctimas.

El régimen de seguridad introducido por el Gobierno permite el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para llevar a cabo intervenciones en el sistema penitenciario del país con el fin de desarmar a las bandas que actúan internamente.

Tales intervenciones han sido recurrentes desde que fue dictado el estado de excepción por la "grave conmoción interna" tras un motín en la Penitenciaría del Litoral. El amotinamiento duró cuatro días —entre el sábado 22 y el martes 25 de julio— y dejó un saldo de 31 prisioneros asesinados, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE). A la par, hubo acciones por parte de reos en otras cárceles del país.

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