La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia declaró "inexequible" –inaplicable– el decreto legislativo con el que declaró el "estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira", al noroccidente del país, que habilitaba al Ejecutivo a tomar medidas expeditas para abordar integralmente la crisis que atraviesa a la región.
Según se precisa en una nota de prensa publicada por el organismo, a pesar de su negativa, el máximo tribunal admitió "conceder los efectos diferidos" del decreto un año, contabilizado a partir del 2 de julio de 2023, en razón "de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua".
Del mismo modo, se exhortó al Ejecutivo y al Congreso hacer uso de "sus competencias constitucionales" para atender y superar "la grave crisis humanitaria y estructural" que se vive en La Guajira –establecida en una sentencia de 2017–, en interés de que los residentes puedan disfrutar efectivamente de sus derechos ciudadanos.
- El pasado 2 de julio, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto 1085, en el que se priorizaban 11 sectores para enfrentar la crisis estructural en La Guajira, mitigar los efectos de los fenómenos climáticos extremos y atender la situación institucional del departamento.
- Entre otros argumentos, el mandatario mencionó la necesidad de regularizar el abasto de agua potable en la región, caracterizada por un clima desértico, y en donde todavía persisten focos de enfermedades asociadas a condiciones de vida precarias.