El Estado colombiano, en persona del ministro de Defensa, Iván Velásquez, y del comandante general del Ejército, Luis Ospina, ofreció disculpas públicas por las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército en el departamento de Cundinamarca, entre 2006 y 2007. El acto de desagravio tuvo lugar este martes en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.
"No eran guerrilleros, no estaban realizando acciones conflictivas", expresó Velásquez. Asimismo, reconoció la participación del Estado en la ejecución de estos crímenes, que calificó como "vergonzosos".
"Nos presentamos ante las víctimas, ante la sociedad colombiana, ante la comunidad internacional, para decir: perdón. Esto, y no es un lugar común, nunca debió ocurrir. Esto nunca podrá volver a ocurrir", agregó.
Medios locales apuntan que los desagraviados fueron: Jaime Estiven Valencia Sanabria, Elkin Gustavo Verano Hernández, Daniel Alexánder Martínez, Jaime Castillo Peña, Víctor Fernando Gómez Romero, Joaquín Castro Vásquez, Eduardo Garzón Páez y Julián Oviedo Monroy.
Además de Diego Armando Marín Giraldo, Mario Alexánder Arenas Garzón, Diego Alberto Tamayo Garcera, Jader Andrés Palacio Bustamante, Ómar Leonardo Triana Carmona, Óscar Alexánder Morales Tejada, Edwar Benjamín Rincón Méndez, Weimar Armando Castro Méndez, Deiby Julián Pisa Gil, Jonás Ariza Barbosa y Carlos Redondo.
La prensa local recoge que se trató de la primera vez que un alto funcionario del país suramericano admite públicamente la responsabilidad del Estado en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, en el contexto del conflicto armado interno.
De su parte, el presidente Gustavo Petro precisó previamente en su cuenta de X que el Estado pedirá perdón "por la ejecución de miles de jóvenes en gobiernos pasados". Asimismo, se hizo presente en el acto y declaró: "Es bueno que se demuestre que esta sociedad está viva, que no se dejó acribillar en los falsos positivos, que no se dejó silenciar por la tortura. Hemos propuesto un Acuerdo Nacional no para retroceder, sino para juntar la esperanza y acelerar la transformación de Colombia".
Los 'falsos positivos' de Soacha
En febrero de 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que entre 2002 y 2008, 6.402 personas fueron asesinadas por el Ejército y presentadas como "bajas en combate", como parte de la política de seguridad adoptada por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
Exmilitares implicados en estos casos confesaron ante la JEP que en interés de mostrar la supuesta eficacia de la estrategia gubernamental, las Fuerzas Armadas estimularon el asesinato de inocentes, para luego presentarlos como muertos en incursiones exitosas contra los grupos insurgentes.
Las pesquisas han determinado que los perpetradores, aprovechándose de la situación económica de sus víctimas, les ofrecían trabajo y luego las conducían a lugares aislados para ultimarlos.
Fue en este contexto en que la fuerza pública colombiana ejecutó extrajudicialmente a 19 hombres –14 en Soacha y cinco en Bogotá– durante los años 2006 y 2007, que hoy serán desagraviados públicamente.
Algunos cuerpos fueron enterrados en una fosa común en Ocaña, a unos 740 kilómetros de la capital. Además, a todos se les presentó falsamente ante la opinión pública como guerrilleros que habían perecido en enfrentamientos con las autoridades.
Sin embargo, esta versión no convenció a los familiares de las víctimas, que en 2010 fundaron la organización Grupo de Madres de Falsos Positivos de Soacha y Colombia (Mafapo) para reclamar justicia y exigir reparaciones.