El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez manifestó este jueves que el Tribunal Superior de Bogotá le negará la preclusión y lo enviará a un juicio penal, en el caso que se le imputa por presunto soborno a testigos y fraude procesal.
El exmandatario reaccionó a un artículo publicado por la revista Semana, en el cual se adelanta la decisión que los magistrados darán a conocer este viernes, en una audiencia en la que Uribe fue citado.
Uribe aseguró a los medios que recibió la noticia "con enorme preocupación". "Yo he defendido mi reputación con ardentía, pero no sé de sobornar testigos ni de engañar a la Corte", indicó.
Asimismo, aseguró que toda la información que se recogía "se mandaba de buena fe a la Corte para que la examinara en ejercicio de su competencia. Pero lo que dijeron es que yo enviaba la información a la Corte para engañarla", sostuvo.
De acuerdo a la información publicada por el citado medio, el Tribunal Superior de Bogotá ratificará la decisión del Juzgado 41 Penal de Conocimiento de no precluir el proceso. Además, señaló que una vez que se dé a conocer la decisión, la Fiscalía presentará el escrito de acusación contra el expresidente.
La posibilidad de que se abra un juicio contra Uribe Vélez adquiere especial relevancia, ya que significaría la primera vez en la historia de Colombia que un proceso contra un exmandatario llegaría a estas instancias.
Detalles del caso
Todo inició en el 2012, cuando Uribe demandó al senador Iván Cepeda por manipulación de testigos en su contra. En un debate en el Congreso, Cepeda presentó testimonios de exparamilitares que vincularon al expresidente con las autodefensas.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir una indagación y, en cambio, arrancó el proceso por soborno y fraude contra Uribe. Mientras, Cepeda fue declarado víctima.
La Corta Suprema consideró que quien podía estar falseando información era el exmandatario. El alto tribunal detectó posibles presiones de Uribe y su defensa contra los testigos que le habían hablado a Cepeda.
Así fue como comenzó un largo proceso legal que cambió el 18 de agosto de 2020, cuando Uribe renunció a su escaño en el Senado y posteriormente perdió su aforamiento. En ese instante la Corte perdió su competencia en el caso y de esa forma pasó a manos de la Fiscalía.