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La decisión de la Corte Constitucional de Guatemala que pone en jaque la asunción de Arévalo

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El polémico fallo se da en medio del embate judicial contra el Movimiento Semilla, el partido del presidente electo.
La decisión de la Corte Constitucional de Guatemala que pone en jaque la asunción de Arévalo

La Corte Constitucional de Guatemala avaló el jueves que los partidos políticos puedan ser investigados y suspendidos penalmente, cuando sean acusados exclusivamente por delitos vinculados a la ley contra la delincuencia organizada, en una decisión muy polémica en medio del embate judicial contra el Movimiento Semilla, el partido del presidente electo, Bernardo Arévalo.

En un comunicado, la Corte avaló que el juez penal pueda actuar y suspender la personalidad jurídica de partidos cuando vea "ilícitos previstos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada", a la que se aferra la Fiscalía para investigar y pedir la suspensión desde hace meses del Movimiento Semilla, cuyo líder se impuso sorpresivamente en las elecciones.

De este modo, la Corte respondía a un recurso presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuestionando que un juez del ámbito penal tuviera competencia para actuar en materia electoral.

"Guatemala está detenida"

La decisión de la máxima corte del país es visto como una aval para Fiscalía y la justicia, que han arremetido contra el Movimiento Semilla luego de la victoria electoral de Arévalo.

El mandatario electo, a través de las redes sociales, denunció que Guatemala "está detenida por los autoritarios que se niegan aceptar la voluntad del pueblo"

En esa línea, agregó: "No está detenida por quienes están resistiendo en las calle, aunque molesten a ciertos sectores. Ellos están luchando por la democracia", escribió.

El diputado del Movimiento Semilla Samuel Pérez aseguró que, con su decisión, la máxima corte acabó de "tumbar la vía institucional" y "le regaló Guatemala a un grupo de golpistas".

Un largo embate

Árevalo, que recientemente viajó a EE.UU. y México para denunciar lo que está ocurriendo en su país, sostiene que la polémica fiscal general, Consuelo Porras, está orquestando "un golpe de estado" para evitar que él asuma la presidencia.

La ceremonia de investidura está prevista para el 14 de enero, pero el caos postelectoral hace que algunos duden de que pueda llevarse a cabo.

El mandatario electo tuvo que interrumpir el lunes su gira por México y EE.UU. para regresar a su país ante la confiscación, el pasado domingo, de las actas electorales que registraron su victoria por parte del Ministerio Público, que ha allanado varias veces la sede del partido y del propio ente electoral.

Incluso, con connivencia entre el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, el partido fue suspendido dos veces.  Aunque sus fallos fueron revertidos, siguen actuando contra el resultado de las elecciones.

Según el ganador de los comicios, su partido es víctima de una persecución judicial después de que la fiscalía pidiera suspender el movimiento por supuestas anomalías en su inscripción en 2017.

Las acciones de la fiscalía han motivado protestas en varias partes del país pidiendo la renuncia de los fiscales responsables del caso, con una declaración de paro nacional indefinido desde el lunes y denuncias de una fuerte represión.

La fiscalía investiga, entre otras cosas, presuntas irregularidades en las firmas presentadas para la constitución del Movimiento Semilla como partido y denuncias de supuesto fraude electoral del partido de la exprimera dama Sandra Torres.

Todo pese a que el TSE avaló y oficializó los resultados de las elecciones, que fueron certificados también por organismos nacionales e internacionales.

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