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La Justicia de Colombia plantea a la Fiscalía que hay razones para que Álvaro Uribe vaya a juicio
El magistrado Carlos Andrés Guzmán informó que el delito por soborno en actuación penal no lo precluirá, al igual que seguirá en marcha el proceso por el fraude procesal.
El Tribunal Superior de Bogotá dictaminó este viernes que el caso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez no puede ser archivado. La justicia colombiana negó la solicitud de la Fiscalía, que había insistido por tercera vez en que no hay pruebas suficientes como para seguir con la investigación.
La decisión fue tomada por los magistrados de manera unánime, sin ningún salvamento de voto. El magistrado Carlos Guzmán leyó el fallo, que determinó "confirmar el auto proferido el 23 de mayo de 2023 […] por el cual negó la solicitud de preclusión [archivo] de la acción penal adelantada por el exsenador Álvaro Uribe Vélez", imputado por presunto soborno a testigos y fraude procesal.
"Esta sala ha confirmado la decisión de primera instancia, por medio de la cual se negó la preclusión de la acción penal en contra de Álvaro Uribe Vélez, pero por las causales, los motivos y en los términos expuestos en cada uno de los eventos desarrollados", indicó, para agregar que ante este dictamen no procede ningún recurso.
De ese modo, Guzmán reiteró que la acusación por el delito de soborno en actuación penal no la precluirá. De igual manera, el político deberá seguir afrontando el proceso judicial por el delito de fraude procesal.
La posibilidad de que se abra un juicio contra Uribe Vélez adquiere especial relevancia, ya que significaría la primera vez en la historia de Colombia que un proceso contra un exmandatario llegaría a esas instancias.
Orígenes del caso
Todo se inició en el 2012, cuando Uribe demandó al senador Iván Cepeda por manipulación de testigos en su contra. En un debate en el Congreso, Cepeda presentó testimonios de exparamilitares que vincularon al expresidente con las autodefensas.
Frente a ello, la Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir una indagación contra el parlamentario y, en cambio, arrancó el proceso por soborno y fraude contra Uribe. Mientras, Cepeda fue declarado víctima.
La Corta Suprema consideró que quien podía estar falseando información era el exmandatario. El alto tribunal detectó posibles presiones de Uribe y su defensa contra los testigos que habían hablado con Cepeda.
Así fue como comenzó un largo proceso legal que cambió el 18 de agosto de 2020, cuando Uribe renunció a su escaño en el Senado y con ello a su inmunidad. En consecuencia, la Corte perdió su competencia en el caso, que de esa forma pasó a manos de la Fiscalía.
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