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"La crisis climática no tiene neutralidad de género": la ONU pide crear más políticas centradas en mujeres
El Fondo de Población de las Naciones Unidas descubrió que, de 119 países, solo 38 incluyen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en sus planes climáticos.
Un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU), la agencia de la ONU para la salud sexual y reproductiva, ha revelado que solo un tercio de países incluye en sus planes climáticos el acceso para las mujeres a los servicios de salud sexual, materna y neonatal.
En colaboración con la Universidad Queen Mary de Londres (Reino Unido), el FPNU analizó los planes climáticos de 119 países y descubrió que solo 38 incluyen el acceso a la anticoncepción y a los servicios de salud materna y neonatal.
De acuerdo con el informe, la crisis climática aumenta las desigualdades existentes, creando condiciones de vulnerabilidad económica y sanitaria, lo que se manifiesta en una peor salud materna y neonatal; además del incremento en la violencia de género, la mutilación genital femenina y los matrimonios infantiles. La agencia de la ONU insta a más países a reconocer el impacto desproporcionado de las crisis climática sobre las mujeres y niñas, y a tomar más medidas al respecto.
"Las que menos han contribuido a la emergencia climática"
La directora ejecutiva del FPNU, Natalia Kanem, afirma que la crisis climática "no tiene neutralidad de género", pues en los países más afectados por el cambio climático las mujeres y niñas se ven afectadas de forma desproporcionada, "a pesar de ser las que menos han contribuido a la emergencia climática mundial".
El informe aplaude a las naciones que reconocen el impacto directo e indirecto del cambio climático en la salud de las mujeres y niñas. Países como Paraguay, Seychelles y Benín, por ejemplo, han especificado la necesidad de construir sistemas de salud resistentes al clima, que permitan a las mujeres dar a luz en condiciones de seguridad y acceder a servicios de salud.
Por otra parte, solo nueve países, entre ellos El Salvador, República Dominicana y Costa Rica, han incluido políticas o intervenciones para abordar la violencia de género en el contexto del cambio climático.
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