Bernardo Arévalo denuncia el 'lawfare' que enfrenta en Guatemala

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció este martes ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que en su país está en marcha un golpe de Estado bajo la modalidad de 'lawfare', liderado por el Ministerio Público, para impedir su ascensión al poder, prevista constitucionalmente para enero de 2024.

"Lo que estamos viviendo en nuestro país es una persecución política por medio de acciones judiciales sin fundamento real, que corresponden al fenómeno de 'lawfare' (…) donde los golpes de Estado tradicionales llevados a cabo con fuerzas de seguridad y con bayonetas, han sido reemplazados por actos de aparente legalidad, pero con los mismos fines, que se llevan a cabo desde las cortes de Justicia y desde los Congresos de las Repúblicas", afirmó.

En su intervención, apuntó que la crisis que atraviesa actualmente el país centroamericano se ha intensificado por las "acciones judiciales" promovidas desde el Ministerio Público contra su partido, Movimiento Semilla, así como contra el Tribunal Supremo Electoral, en interés de invalidar el resultado del pasado 21 de agosto y revertir la voluntad popular.

En otro punto de su presentación, llamó a recordar que "el Ministerio Público no es un poder independiente dentro del Estado" sino "una institución autónoma del organismo Ejecutivo", al tiempo que resaltó que la ola de "abusos y atropellos" perpetrados por esa instancia son la causa de "las protestas cívicas y a las movilizaciones que han paralizado el país" desde hace nueve días y que hoy el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei pretende criminalizar.

Mediación con los pueblos originarios

En otra arista, Arévalo consideró conveniente que se determinara "entre quiénes tendría que darse una mediación" con el auspicio de la OEA, como propuso el Ejecutivo, ya que en su criterio no pueden dejarse de lado "el liderazgo de las autoridades ancestrales", en virtud de su "representatividad" y "reconocimiento social", al convocar y organizar exitosamente movilizaciones ciudadanas en todo el territorio guatemalteco.

"Ellos son ahora los interlocutores legítimos en cualquier diálogo que pueda darse con el Gobierno alrededor de esta crisis (…). Que sean los pueblos originarios los que han asumido la defensa, el liderazgo de la defensa de los derechos civiles y políticos de todos los guatemaltecos, es un hecho muy significativo", indicó.

Del mismo modo, cargó contra los responsables de "infiltraciones" en las marchas pacíficas, que en su opinión pretenderían desatar la violencia y las confrontaciones, así como invalidar a estos actores ante un eventual proceso de negociación, por lo que exigió al Gobierno "contener a los grupos infiltrados, que están motivados exclusivamente por razones espurias ligadas exclusivamente a la persecución política y al atentado contra el proceso democrático".

Sobre este asunto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó la violencia en cualquiera de sus formas, aunque criticó la criminalización de manifestantes pacíficos que, dijo, "no deben ser confundidos con elementos criminales".

Para concluir, Arévalo solicitó a la OEA que continuara "el acompañamiento de la situación" en Guatemala, así como "una declaración o resolución" en la que se instara contundentemente al Gobierno guatemalteco "a cumplir con sus responsabilidades constitucionales, con sus compromisos con la democracia", que incluirían una solicitud formal al Ministerio Público para el cese de toda forma de acoso contra el Movimiento Semilla, los miembros del gobierno electo y las autoridades electorales.

La posición del Estado guatemalteco

En nombre de Giammattei, el canciller Mario Búcaro defendió las medidas adelantadas por la gestión saliente para garantizar una transición "ordenada" y "transparente" con Arévalo y su equipo, y ratificó su compromiso con las garantías constitucionales consagradas en la legislación, que incluyen la alternancia en el poder por medio de la consulta periódica de la población en las urnas.

Con respecto a las protestas, aseveró que "los llamados a protestar pacíficamente por distintos sectores de la sociedad, han derivado en bloqueos de calles y avenidas, cierres de comercios, actos de vandalismo y extorsión", un resultado que el Ejecutivo estima violatorio de otros derechos fundamentales de la población como la salud, la educación y el libre tránsito, al tiempo que han comprometido el abasto de alimentos.

A esto sumó que fue en ese contexto de crispación social que Giammattei invitó a Almagro a Guatemala "para iniciar un proceso de mediación" con los actores en conflicto, en el que se prevé la instalación de "mesas de diálogo" donde se obtendrían consensos ciudadanos.

Experto: Autoridades reprimen a manifestantes en Guatemala para seguir ostentando el poder y la impunidad

Paro sin fin a la vista

Entretanto, el paro nacional convocado por las organizaciones y ciudadanos que exigen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, arribó a su noveno día, aun a pesar de las amenazas de encarcelamiento de los líderes proferidas en la víspera por el presidente Giammattei.

Medios de prensa reportaron hasta 136 puntos de bloqueo, incluyendo 20 avenidas de Ciudad de Guatemala, en cuyo centro se desplegó la fuerza pública para frenar a las miles de personas que intentaban llegar a los edificios gubernamentales.

Frente a esto, Búcaro advirtió que tanto el presidente como los restantes miembros del tren Ejecutivo están comprometidos "a realizar los esfuerzos necesarios para garantizar que en el país prevalezcan el orden constitucional y el Estado de derecho".

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